- Los estibadores han convocado paros parciales contra el real decreto que prepara el Gobierno para liberalizar el sector
- Sobre la supuesta huelga encubierta: "No lo digo yo, lo están diciendo todos los empresarios"
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha afirmado este miércoles que los representantes de los estibadores tienen "margen más que suficiente en la negociación colectiva con los empresarios" para pactar sus exigencias, a pesar de la nueva regulación que el Gobierno pretende sacar adelante este mismo viernes en el Consejo de Ministros.
Los estibadores temen que la liberalización produzca una devaluación de sus condiciones de trabajo, y por eso exigen un registro de profesionales que el Gobierno rechaza
Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, recogidas por Europa Press, al ser preguntado por la falta de avance en las negociaciones con el sector de la estiba, que ha convocado diferentes paros parciales en protesta por el real decreto ley de liberalización del sector preparado por el Ministerio de Fomento para dar cumplimiento a las exigencias europeas. Los estibadores temen que esta liberalización produzca una devaluación de sus condiciones de trabajo, y por eso exigen entre otras cosas un registro de profesionales, algo que el Ejecutivo rechaza.
HUELGA ENCUBIERTA
"Los estibadores tienen margen más que suficiente en la negociación colectiva con los empresarios para negociar algunas de las cosas que ellos están reclamando y que saben perfectamente que no se pueden incluir en un real decreto", ha afirmado De la Serna, instando a los sindicatos del sector a "sentarse hoy mismo".
Además, al ser preguntado si considera que se está produciendo una huelga encubierta en los puertos españoles, el ministro de Fomento ha indicado que es lo que están denunciando las empresas del sector que está pasando. "No lo digo yo, lo están diciendo todos los empresarios", ha zanjado el ministro, que antes ha concedido una entrevista a la Cadena Cope en la que ha asegurado que las consecuencias del conflicto ya se están empezando a sentir.
"Hay empresas que ya buscan puertos alternativos", ha reconocido De la Serna, que ha remarcado que si España no cumple con la sentencia de la Comisión Europea "nos costará 134.000 euros al día". "Estamos siendo flexibles. No criminalizamos a los trabajadores sino que les protegemos", ha insistido el ministro, que ha pedido "cordura y responsabilidad" para lograr una solución al conflicto porque "no podemos permitir lo que está pasando en algunos puertos y los daños en algunas empresas. Tenemos que mediar entre la patronal y los sindicatos", ha apuntado.
El ministro ha indicado que lo que está pidiendo la UE es que se controle la forma de contratación. "La realidad es que ahora las empresas solo pueden hacerlo si los trabajadores están dentro de la sociedad", y con el nuevo decreto "se crearán centros portuarios de empleo que permitirán contratar de forma libre y voluntaria". Además, ha indicado que "ahora el Estado se hará cargo de los pasivos laborales, lo que incentivará a que las empresas contraten a los estibadores". Por último, ha asegurado que el Gobierno "tiene la obligación de hacer cumplir los servicios mínimos" en la huelga y que ya se han preparado planes específicos de contingencia para cada puerto para "evitar colapsos si llegara el momento".
