LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 (EUROPA PRESS)
La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha remitido una carta al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y al secretario general de Transporte aéreo y marítimo, Benito Núñez, para solicitar que medien para evitar la huelga de controladores aéreos convocada del 1 al 29 de febrero.
Fernández, que ya lo solicitó al Ministerio de Transporte el pasado 20 de noviembre, expuso que la privatización de un servicio "tan crucial tiene consecuencias muy significativas" para Canarias porque afecta a la conectividad, así como al transporte de mercancías y al turismo, según ha informado la Consejería de Transportes en nota de prensa.
"La privatización de estos servicios merma la seguridad y la eficiencia del tránsito aéreo entre islas y entre el resto de territorios, un servicio esencial por nuestra condición de islas que perjudica el derecho de conectividad de los canarios y canarias y a la competitividad del archipiélago al priorizar los intereses comerciales", apuntilló.
Fernández también ha instado a paralizar la intención de privatizar el resto de servicios de los aeropuertos canarios, así como a revertir la privatización en los aeropuertos donde se ha llevado a cabo, restaurando la situación anterior.
Añadió que se trata de un conflicto que está teniendo un "impacto negativo en el servicio público y es necesario buscar una solución que garantice la eficiencia y seguridad" en el control del tráfico aéreo, a lo que agregó que estas huelgas "afectan directamente a los residentes en Canarias; al turismo, el primer motor económico de las islas, que atrae a millones de turistas cada año", además de a los trabajadores de las empresas privadas que están en un escenario "de inestabilidad" laboral que les lleva a "realizar, de manera legítima, su derecho a la huelga".
Finalmente consideró que antes de proceder a la privatización de las torres de control se debería de haber tenido en cuenta los aspectos sociales y económicos de la medida, evaluando el impacto global que tendría en Canarias.