BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha abierto este jueves el procedimiento de seis meses para que Apple cumpla con las reglas europeas para Mercados Digitales (DMA) que le obligan a permitir el acceso "gratuito y efectivo" a sus sistemas operativos de iPhone e iPad por parte de desarrolladores y empresas competidoras.
En concreto, Bruselas inicia sendos procesos de "especificación" para asesorar a la multinacional estadounidense con los pasos que debe dar para garantizar la interoperabilidad a desarrolladores y empresas terceras con funciones de 'hardware' y 'software' controladas por los sistemas iOS e iPadOS.
Con este paso, los servicios comunitarios formalizan el diálogo con Apple sobre sus nuevas obligaciones legales con la Unión Europea y que permiten a Bruselas, por propia iniciativa, especificar las medidas que un 'guardián de acceso' debe aplicar para garantizar que cumple con las obligaciones de la DMA.
El primer proceso se centra en varias características y funcionalidades de conectividad de iOS que se usan en dispositivos conectados como relojes inteligentes, auriculares y cascos de realidad virtual.
Las firmas que comercializan estos artículos dependen de una interoperabilidad efectiva con los smartphones y sus sistemas operativos, por lo que la Comisión quiere dejar claro el modo en que Apple abrirá funciones como las notificaciones o el emparejamiento de dispositivos a dispositivos de sus competidores.
El segundo dosier aborda las peticiones de interoperabilidad presentadas por desarrolladores para acceder a iOs e iPadOS, un punto sobre el que Bruselas apunta que es fundamental que el proceso de solicitud sea "transparente, oportuno y justo para que todos los desarrolladores tengan un camino eficaz y predecible hacia la interoperabilidad y puedan innovar".
Esta fase prevé un plazo de seis meses para que los servicios comunitarios asistan a Apple en la toma de medidas para responder a sus obligaciones, pero el Ejecutivo comunitario advierte de que ello no impide que pueda tomar medidas si concluye que la compañía incumple las normas, medidas que pueden llevar también a la imposición de sanciones económicas.