MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) exige al Gobierno establecer el acceso al efectivo como servicio universal y garantizar la libertad de elegir el sistema de pago, inspirándose, para ello, en modelos de otros países del entorno.
Aún así, la asociación valora positivamente la convalidación por el Congreso de los Diputados del Real Decreto-Ley 1/2021 en la parte de su articulado que incorpora a nuestro ordenamiento la figura del consumidor vulnerable.
"España se convierte así en uno de los primeros Estados miembros que adopta este paso en aplicación de las recomendaciones de la Comisión Europea contenidas en la nueva Agenda del Consumidor", ha asegurado la organización.
Según el secretario general de Aproser, Eduardo Cobas, "los problemas de tipo social y económico que la falta de acceso al efectivo está generando en diversos colectivos, se van a agudizar con el envejecimiento de la población, la digitalización del sistema bancario y las recomendaciones de evitar el uso del efectivo como medida para frenar la pandemia".
EL LUGAR DE RESIDENCIA, CAUSA DE VULNERABILIDAD
Entre otros aspectos, el Real Decreto-ley reconoce que el lugar de residencia puede ser una causa de vulnerabilidad en las relaciones de consumo.
Y es que un informe del Banco de España revela que de los 4.109 municipios españoles, el 52% no tiene acceso a ninguna oficina bancaria. Una situación que continuará agravándose, ya que las previsiones de este año es que las entidades financieras cierren 4.000 sucursales más.
Otro de los colectivos vulnerables a los que busca proteger esta nueva ley son los mayores de 65 años, que ya representan a un elevado porcentaje de la población española que se incrementará en los próximos años.
Se trata de un segmento con grandes dificultades para acceder a los sistemas de pago electrónico y al consumo online y para quienes el efectivo es, mayoritariamente, su principal forma de pago, ha afirmado Aproser.