Ve previsible que al tratarse de "una situación de impago" los actores implicados acudan a los tribunales
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha vaticinado una "enorme litigiosidad" entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Tribunal Constitucional que pone en duda la indemnización de 1.350 millones de euros con que se resolvió el cierre del almacén de gas Castor.
En comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como ha hecho en la liquidación correspondiente a noviembre.
"Ahora mismo tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que vaya a aplicar la sentencia", dijo Nadal, quien no concretó nada más respecto a una posible solución por parte del Gobierno a la situación planteada tras el fallo del Constitucional.
Posteriormente, en declaraciones a la prensa tras la comparecencia, Nadal precisó que, como consecuencia de la sentencia del Constitucional, "ahora mismo ese coste no se está pagando".
SITUACIÓN DE IMPAGO
Por ello, consideró que al tratarse de "una situación de impago" es previsible que "la gente acuda a los tribunales". "Sería la primera vez si no ocurre así. Lo lógico es que los actores aquí implicados intente unos a otros hacerse responsables", añadió al respecto.
La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros que se abonó a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años.
De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales y se incluían en el sistema gasista.
Asimismo, Nadal puntualizó que la competencia "para pagar" no es del Gobierno, sino de la CNMC, que es quien hace la liquidación del sistema, "y lo que está aplicando es decir que no se hagan los pagos por Castor".
Este mismo miércoles se conoció que ha paralizado estos pagos, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank, que ascienden a 6,7 millones de euros mensuales.
El pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró "nulos e inconstitucionales" algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS.
En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia.
A este respecto, Nadal consideró que el Tribunal Constitucional no pone en duda ni la hibernación ni la asignación a Enagás de la instalación, pero que lo que sí contradice es que la asignación del pago se lleve al sistema gasista.
En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.
En lo que respecta a esta decisión del anterior Gobierno, Nadal la defendió, ya que de no haber sido así se habría producido la quiebra de la entidad, el impago al Banco Europeo de Inversión (BEI) y "habría corrido como la pólvora a la prima de riesgo española".