MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto desde este jueves hasta el próximo 5 de agosto el procedimiento de consulta pública de los proyectos de los reales decretos sobre la ayuda básica a la renta y la condicionalidad reforzada y social de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2023-2027.
En concreto, estas dos normas se incluyen dentro del paquete legislativo que el Departamento que lidera Luis Planas ha puesto en marcha para la correcta ejecución de esta nueva política a partir del próximo año, en base al Plan Estratégico Nacional de la PAC remitido a Bruselas, y que se encuentra en proceso de aprobación por la Comisión Europea.
Agricultura ha precisado que en las próximas semanas se iniciará la tramitación del resto de reales decretos que configuran esta arquitectura legal, que es imprescindible para la aplicación de la nueva PAC.
El proyecto de real decreto sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la PAC regula los principios de una de las intervenciones más importantes del plan estratégico español, el apoyo directo a la renta de los agricultores y ganaderos.
En 2023 esta ayuda supondrá el pago de más de 2.450 millones de euros y en 2027 alcanzará los 2.466 millones de euros, gracias al proceso de convergencia interna de esta ayuda a nivel europeo que favorece a España.
En su plan estratégico, España ha propuesto que se continúe con la aplicación de esta ayuda en base a un modelo de regionalización, mientras que se mantiene la gestión en función de derechos de pago. Así, las nuevas regiones establecidas para la ayuda básica a la renta tendrán un valor medio regional en euros/hectárea, establecido en la norma.
De esta forma, cada derecho individual avanzará en el proceso de convergencia al valor medio regional que le corresponda, en función de la región a la que pertenezca. La región de ayuda básica a la renta de cada parcela se establecerá en base al cultivo y sistema de explotación existente en la campaña 2020.
En 2023, los derechos de pago básico existentes a 31 de diciembre de 2022 se convertirán en los nuevos derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, a través del proceso de conversión regulado en el proyecto de real decreto. En lo que respecta al valor de los nuevos derechos de ayuda básica a la renta, su valor inicial se calculará partiendo de la base del valor de los derechos de pago básico para el año de solicitud 2022 conforme al procedimiento descrito en el proyecto de real decreto.
Este proyecto regula además una reserva nacional de derechos de ayuda básica a la renta que debe utilizarse, de manera prioritaria, para facilitar la participación de jóvenes agricultores. También se establecen las reglas relativas a la transferencia de los derechos de pago.
PROYECTO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONDICIONALIDAD REFORZADA
Por su parte, la condicionalidad reforzada tiene su punto de partida en las obligaciones de la condicionalidad que se aplican en el periodo actual para el cobro íntegro de las ayudas de la PAC.
Este proyecto de real decreto ha incorporado, en base a la reglamentación comunitaria, nuevas normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales, que hasta ahora formaban parte del denominado pago verde, como el mantenimiento del porcentaje de pastos, la rotación y diversificación de cultivos, el mantenimiento de un porcentaje de superficies no productivas y la prohibición de reconversión de los pastos medioambientalmente sensibles.
Respecto a la nueva condicionalidad social, que comenzará a aplicarse a partir de 2024, el real decreto fija el procedimiento a seguir ente las administraciones involucradas para conseguir una agricultura socialmente sostenible mediante una mayor concienciación en cuanto a las normas que afectan a las condiciones laborales, la seguridad y la salud de los trabajadores, así como las relativas a la utilización de los equipos de trabajo por los trabajadores.
Por otro lado, este proyecto de norma establece el sistema para la gestión, control y determinación de las penalizaciones en el caso de incumplimientos de esta condicionalidad reforzada.
Agricultura ha recordado que esta norma se dicta para la aplicación del reglamento comunitario que regula los planes estratégicos de la PAC en el periodo 2023-2027.
En relación con dicho reglamento, para 2023 y dadas las circunstancias excepcionales actuales provocadas por la invasión rusa de Ucrania, España, junto a otros Estados Miembros, ha solicitado a la Comisión Europea la flexibilización de alguna de las medidas incluidas en la condicionalidad reforzada, como las relacionadas con las rotaciones y diversificaciones de cultivos o el mantenimiento de superficies no productivas.
De esta forma y en función de la propuesta que realice en las próximas semanas la Comisión sobre esta cuestión, se introducirán en el proyecto de real decreto las excepciones que se acuerden a nivel de la Unión Europea para el proximo año.