MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Las siete principales constructoras españolas cotizadas en Bolsa (ACS, Acciona, Ferrovial, FCC, Sacyr, OHLA y San José) figuran en la lista de las 100 compañías más grandes del mundo en este sector, con una facturación conjunta para las siete de 67.000 millones de euros.
Según el informe anual 'Global Powers of Construction' (GPoC), elaborado por Deloitte, ACS ocupa la primera posición española y la 12 mundial, con 32.500 millones de euros en ventas en 2021, si bien retrocedieron un 17% respecto al año anterior.
Le siguen Acciona y Ferrovial, con 9.500 y 8.000 millones de euros de facturación, respectivamente, ambas avanzando respecto a 2020 un 30% y un 11%, respectivamente. La primera ocupa la posición 36 en el ranking mundial y la segunda la 40.
Después se encuentra Sacyr, que hace un mes dio un salto al Ibex 35, con 5.000 millones de euros en ventas, un 6,5% más, en el puesto número 59. Le siguen OHLA, con 3.000 millones de euros, un 1,7% más, en la posición 74, y San José, con 1.000 millones de euros, plana respecto a la facturación de 2020.
Sumando las ventas de todas las españolas, la cifra representa el 3,8% del total a nivel global en la industria y consolida a España entre los países con mayor cuota de mercado, manteniendo el sexto puesto detrás de China, Japón, Estados Unidos, Francia y Corea del Sur.
Ocho empresas chinas dominan el 'top 10', en el que solo resisten dos compañías francesas (Vinci, que recientemente compró a ACS su división industrial por 5.000 millones de euros, y Bouygues). Las chinas son CSCEC, CREC, CRCC, CCCC, MCC, Power China, China Energy y SCG.
El estudio de Deloitte indica que las perspectivas económicas se han ralentizado durante el último año debido a los repuntes del Covid-19 y la invasión de Rusia a Ucrania. En este contexto, proyecta que el crecimiento mundial se desacelere del 6,1% en 2021 al 3,6% en 2022 y 2023.
El informe destaca también las tendencias clave para la transformación de la industria de la construcción, en la que la digitalización jugará un papel relevante para cambiar la forma en la que operan las empresas constructoras, así como los cambios necesarios en los controles de riesgos y los modelos de contratación, las inversiones relacionadas con los criterios ESG y la necesidad de una mayor cooperación público-privada.