España extradita a EEUU al alto cargo de Venezuela imputado por Duro Felguera

Según el auto del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, la extradición de Villalobos durará el tiempo “imprescindible” para su enjuiciamiento y, en todo caso, un máximo de seis meses desde la entrega efectiva. Además, si fuera necesaria su presencia en España antes de que finalice ese plazo, las autoridades americanas se tienen que comprometer a devolverlo en el plazo de un mes.

Además de esta investigación, el venezolano tiene varias causas abiertas en España que en los últimos meses le han hecho salir, entrar y volver a salir de prisión. Una, en los juzgados madrileños por blanquear dinero de PDVSA en España. El venezolano está en libertad condicional desde hace un mes -ingresó en prisión en octubre de 2017- al considerar que los indicios que hay en su contra no son lo suficientemente fuertes para dejarlo en prisión.

La otra causa está abierta en la Audiencia Nacional: su implicación en los delitos de corrupción y blanqueo por los que se investiga a Duro Felguera desde finales de 2017. Villalobos está también en libertad condicional por esta causa.

QUERELLA CONTRA DURO FELGUERA

En octubre de 2017 la Audiencia admitió la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Duro Felguera, su presidente Ángel Antonio del Valle Suárez, y otras seis personas por presuntos delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales tras detectar pagos por comisiones y sobornos a políticos venezolanos. Entre ellos, Nervis Villalobos.

Según la querella, se habrían firmado contratos con entidades y personalidades venezolanas entre 2008 y 2011 cuyo objetivo era encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos para favorecer los intereses de Duro en el país. Según la Fiscalía, a través de estos contratos Duro habría entregado al menos 105,62 millones de dólares a Villalobos para que influyera en la Administración y lograr así la adjudicación directa de contratos.

La española firmó en 2009 un contrato con la venezolana C.A. Electricidad de Caracas (EDC), filial de la Corporación Eléctrica Nacional, para la construcción de una central de ciclo combinado en el estado de Miranda, al sur de la capital venezolana, por un importe de más de 1.500 millones de euros.

Por lo general, la empresa de Villalobos daba su asesoría de forma oral, un servicio que llegó a costarle a Duro 50 millones de euros, como cuenta El Mundo. Desde Duro Felguera niegan haber realizado sobornos y defienden la legalidad de esos contratos.

SOBORNOS Y BLANQUEO EN EEUU

EEUU persigue al ex alto cargo venezolano por los delitos de conspiración para cometer blanqueo de dinero, conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero y blanqueo de dinero. Las penas máximas correspondientes a estos delitos suman 45 años de prisión.

Según los el tribunal estadounidense, Villalobos participó en 2011 en una conspiración con un grupo de funcionarios de alto nivel de PDVSA y sus subsidiarias en la que se pidió a vendedores de PDVSA, entre ellos residentes en EEUU y con negocios y sede en este país, “sobornos y mordidas a cambio de proporcionar asistencia a esos vendedores en conexión con sus negocios en PDVSA”.

Dos de esos vendedores han reconocido ante la justicia estadounidense que pagaron esos sobornos para obtener ayuda para sus compañías, contratos con PDVSA o pago prioritario de facturas pendientes. Villalobos habría servido de intermediario de los pagos entre los empresarios y la petrolera venezolana.

Para blanquear el dinero obtenido con los sobornos, Villalobos y sus cómplices habrían trazado una compleja red de cuentas bancarias para hacer llegar el dinero a los funcionarios de PDVSA a través de compañías, intermediarios o familiares, entre otros, para “disimular la índole, fuente y titularidad de los pagos de soborno”. El juzgado estadounidense tiene acreditada una cuenta en la que Villalobos era firmante y a la que llegaron 27 millones de dólares procedentes de los dos vendedores que han confesado. El dinero se transfirió a “otras cuentas en conexión”, argumenta la justicia de EEUU.