Pedro Sánchez ha decidido renunciar a crear un impuesto a la banca, una idea que el PSOE ha defendido desde que estaba en la oposición. Tras la presión del sector y el PNV, ha decidido dejar de lado la idea de gravar los beneficios de los bancos y ha recurrido al comodín de la tasa Tobin. Si quiere implantarlo en 2019, el Gobierno tiene que ponerse las pilas para concretar los detalles de un impuesto a las transacciones. Podrá salir bien, como pasa en Francia, o fracasar, como ocurrió en Suecia.
Por el momento, la única que se ha acercado a algo concreto ha sido la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño. La máxima responsable económica del Ejecutivo de Sánchez manifestó en una entrevista con RNE su intención de diseñar un impuesto a las transacciones financieras similar al que rige en Francia.
En todo caso, a la ministra de Economía le gustaría que la tasa Tobin se implantara no solo a nivel nacional, sino en toda Europa. Así lo está defendiendo España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la propia Unión Europea.
Hace seis años, el Gobierno francés, en aquel momento dirigido por el conservador Nicolas Sarkozy, tomó la misma determinación que ahora Podemos y el PSOE quieren acatar. En 2013, estableció una tasa a las acciones de la Bolsa de París del 0,1%, que años después subió al 0,3%, incluyendo las operaciones intradía.
En el momento se puso una limitación al impuesto, que afectaba solamente a las compañías con más de mil millones de euros de capitalización bursátil. Años más tarde, el Ejecutivo, ya en manos de Emmanuel Macron, ajustó de nuevo el gravamen para eliminar el tramo aplicado a las operaciones intradía.
Así, no se trataba de un impuesto a todas las transacciones financieras, sino que solamente se enfocaba en las compraventas de acciones. El Tribunal de Cuentas de Francia, como publicaba esta semana La Vanguardia, considera que el impuesto no ha cumplido los objetivos de combatir la especulación, en parte porque no gravaba los derivados.
No obstante, la recaudación se incrementó desde los 766 millones en 2013 hasta los 1.450 millones de euros del año pasado. El Gobierno de Sánchez tendría suerte si alcanzara una recaudación similar. Y, desde luego, en Francia la historia no ha terminado tan mal como la sueca.
SUECIA, EL PRECEDENTE AL QUE NO HAY QUE MIRAR
Suecia se adelantó en décadas a Francia y a los debates en el seno de la Unión Europea. En 1983 su Gobierno, bajo el mandato del primer ministro socialdemócrata Olof Palme, estableció un impuesto a las transacciones financieras que no llegó a soplar las velas ni de su octavo aniversario.
La tasa impuesta era del 0,5% para la compra o venta de un activo de capital. El Gobierno, en el transcurso de los siete años que duró el impuesto, la incrementó y posteriormente la redujo. La recaudación fue baja y los volúmenes de negociación cayeron en niveles cercanos al 98%. La actividad de la Bolsa de Estocolmo se trasladó a Oslo y a Londres.
“Hemos visto precedente en un país escandinavo en el que la introducción de este impuesto llevó el negocio a Londres”, advirtió esta semana en el Congreso Gonzalo Gortázar, el consejero delegado de CaixaBank. Su homóloga en Bankinter, María Dolores Dancausa, también lanzó una advertencia al Gobierno de Sánchez: con un impuesto a las transacciones en España, “la City londinense podría absorber una parte del negocio bursátil en detrimento de los intermediarios financieros nacionales”.
