Se han publicado numerosas explicaciones para el sorprendente fichaje de Andrea Orcel como CEO del Santander: la confianza de Emilio y Ana Botín en su asesoramiento, la necesidad del banco de acometer nuevas operaciones corporativas, la potenciación del área de banca de inversión, etc. Pero hay otra de la que nadie habla: Orcel dirigió la ampliación de capital de 2.500 millones del Popular en 2016, que probablemente tendrá que devolver el Santander.
En aquella operación desesperada que lanzó Ángel Ron para intentar salvar el banco y su puesto, los bancos coordinadores fueron Goldman Sachs y UBS, cuyo responsable de banca de inversión era hasta hace dos días Orcel. Aunque el Popular aseguró contar con una elevada sobredemanda, la red fue sometida a una enorme presión para colocar las acciones entre los clientes minoristas, se les ofrecieron créditos para ello y, lo que es más grave, se condicionó la renovación de muchos préstamos a pymes a que adquirieran acciones. Había que colocarla como fuera y a quien fuera.
Además, el Popular se apuntó como capital muchas acciones que habían sido compradas a crédito 'de tapadillo', es decir, sin pignorar las acciones (en teoría los préstamos eran para otras cosas, pero en realidad eran para acudir a la ampliación). En la reexpresión de las cuentas de 2016 que hizo Emilio Saracho, se restó 205 millones a los fondos propios por ese motivo.
Pero lo más grave son las acusaciones de que las cuentas que el banco presentó para vender la ampliación estaban falseadas, como las de la salida a bolsa de Bankia en 2011. Una de las piezas que instruye el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional investiga este supuesto delito, sobre el que deben pronunciarse los peritos del Banco de España. Y hay numerosas demandas civiles que se están resolviendo a favor de los accionistas y que llegarán al Supremo, que ya obligó a Bankia a devolver el dinero de la OPV a los minoristas.
Todas estas irregularidades y sospechas le tocan directamente a Orcel como responsable de la entidad coordinadora de la operación. El Santander corre un elevado riesgo de verse obligado a devolver el dinero de la ampliación, salvo en aquellos casos que aceptaron la compensación de los bonos de fidelización.
Algunas fuentes afirman que, entre las primeras tareas del nuevo consejero delegado, se encuentra 'desfacer' el entuerto que él mismo creó, algo que parece bastante complicado salvo que el banco se avenga a ofrecer compensaciones más atractivas a los afectados que no quisieron los bonos. Y eso supondría pagar una cantidad superior a los 872 millones que tiene provisionados el banco para litigios relacionados con el Popular.
Por el lado penal, el Santander cuenta con el apoyo del Banco de España, que ha nombrado subgobernadora a Margarita Delgado, que fue jefa de los inspectores destinados al banco Popular y que, en consecuencia, tiene un gran interés en que no se detecten problemas de solvencia ni irregularidades contables en la entidad.
