Una hipotética liquidación de Popular habría tenido un coste más alto del que conllevó la resolución. Así lo cree Deloitte, la firma que ha elaborado dos informes requeridos por la Junta Única de Resolución (JUR). En este documento, hecho público el lunes, Deloitte concluye que el coste por litigios que puede tener que asumir el comprador de la entidad (Santander) ascendería a 1.788 millones de euros en el mejor escenario o a 3.453 millones de euros en el peor.
Este importe, calculado en el caso de una hipotética liquidación de Popular, se podría trasladar al riesgo judicial al que tendrá que hacer frente Santander, pues tiene en cuenta los litigios por cláusulas suelo, por los bonos convertibles obligatorios, por los gastos hipotecarios, por las garantías bancarias de promociones inmobiliarias y, lo más importante, por las ampliaciones de capital de 2012 y 2016. Son frentes judiciales que la actual propietaria de Popular mantiene abiertos.
En cuanto al último de ellos, el relativo a las ampliaciones de capital, Deloitte cita el precedente de Bankia como caso en el que los accionistas advirtieron errores potenciales u omisiones en el folleto original y lo utilizaron como fundamento para una reclamación de daños y perjuicios contra el banco que llegó al Tribunal Supremo y obligó a la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri a devolver todo el dinero a los inversores minoristas.
Estas reclamaciones en relación con las ampliaciones de capital surgen tanto en el escenario de liquidación como en el de resolución, recuerda Deloitte en el informe. Añade que su éxito depende de diversos factores, como el tiempo transcurrido entre la fecha de la ampliación de capital y la pérdida de valor de las acciones, así como “la sofisticación o el conocimiento percibidos del inversor subyacente”.
AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE 2012
Concretamente, en relación con la ampliación de capital lanzada por Popular en 2012, que permitió al banco levantar 2.500 millones, Deloitte recuerda que los plazos de prescripción no habían expirado en el momento en que se produjo la resolución del banco, que habría sido el mismo momento en el que se habría iniciado la liquidación. Precisamente, esta operación se ha quedado fuera del 'caso Popular', de momento, por decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
En cuanto al cálculo del importe de estas reclamaciones potenciales, Deloitte ha excluido el porcentaje de acciones con los que contaban los directores de Popular que participaron tanto en la ampliación de capital de 2012 como en la de 2016. El informe, en todo caso, censura el cálculo del impacto máximo de los litigios por estas dos ampliaciones.
Otro de los frentes judiciales que tiene en cuenta la firma es el de las cláusulas suelo. Para establecer un coste máximo, Deloitte contempla las reclamaciones ante los tribunales que no estaban resueltas a fecha de 7 de junio de 2017, los procesos judiciales pendientes y un “sustancial” incremento de las reclamaciones tras el Real Decreto-ley que puso en marcha el Gobierno a principios de 2017. Esta norma contemplaba el establecimiento de un mecanismo extrajudicial en las entidades para aliviar los procesos judiciales relacionados con este tema. El importe máximo de estos litigios también está censurado.
PÉRDIDA DEL 80% EL VALOR DE LAS OBLIGACIONES
Otro de los frentes abiertos sería el de las obligaciones convertibles obligatorias. Según los datos analizados por Deloitte, se perdería el 80% del valor nominal de estos instrumentos “en función de las sentencias del tribunal”. La firma establece dos escenarios de riesgo, cuyo impacto también se encuentra tachado.
Asimismo, realiza una estimación para los procesos judiciales relacionados con los gastos hipotecarios, así con las garantías bancarias de promociones inmobiliarias, un instrumento que aseguraba la devolución de pagos a los compradores de una vivienda si no se llegaba a construir o no se entregaba en el plazo acordado. Los importes máximos de estos litigios tampoco están visibles.
Así, la única cifra que no está censurada es el importe máximo del conjunto de estas contingencias jurídicas, que sería de 1.788 millones de euros en el mejor escenario y de 3.453 millones de euros en el peor escenario. En todo caso, Deloitte señala en el informe que los procedimientos de liquidación comportan litigios y reclamaciones “basados en hipótesis difíciles de anticipar”.
El epígrafe del informe dedicado a las contingencias jurídicas es, por cierto, el único que contiene tachones similares a los que aparecían en el primer documento de Deloitte, publicado el pasado mes de febrero. La JUR ya advirtió que publicaría la versión no confidencial del informe.
