La consultora Deloitte ha puntualizado sobre la querella admitida este lunes en la Audiencia Nacional contra esta entidad y Abengoa por un presunto delito de estafa de inversores entre los años 2014 a 2016 que su trabajo se realizó conforme a la normativa y que el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) nunca cuestionó las cuentas relativas al último de estos ejercicios.
Noticia relacionada
Así lo ha puntualizado la compañía a Europa Press tras conocer la decisión del juez Ismael Moreno de admitir una ampliación de querella en el marco de la causa en la que ya se investiga la supuesta alteración contable de las cuentas de la multinacional española en los ejercicios 2014 a 2016 con efectos perjudiciales para sus socios y accionistas.
Según fuentes de Deloitte, en el mismo momento en que se pusieron de manifiesto los problemas de liquidez de Abengoa en septiembre 2015, y antes de la solicitud de pre-concurso por parte del consejo de administración, se incluyó por la consultora una incertidumbre material de viabilidad en nuestro informe de auditoría de las cuentas semestrales de 2015.
EXPEDIENTE ICAC
Según las mismas fuentes, el expediente del ICAC se refiere a falta de evidencia de documentación en papeles de trabajo, pero no contempla la necesidad de realizar ningún ajuste a las cuentas anuales de 2014.
De hecho, esta institución revisó el trabajo de auditoría tanto de las cuentas anuales consolidadas como de las individuales sin encontrar más deficiencias.
Al mismo tiempo que la revisión del ICAC, el PCAOB estadounidense realizó una revisión paralela sobre los trabajos de auditoría de las cuentas de Abengoa de 2014 y NO puso de manifiesto ninguna deficiencia, ni siquiera formal ni tampoco en papeles de trabajo, añaden en Deloitte.
Finalmente, esta parte apunta que el expediente del ICAC está recurrido ante la Audiencia Nacional y se han aportado dos pruebas periciales que soportan el trabajo del auditor en las áreas con deficiencias detectadas.
La querella que dio origen a este procedimiento se admitió en febrero de 2017 contra el expresidente de la compañía Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega.
En ella, el juez investiga si las óptimas cifras que reflejaban los estados financieros de Abengoa y su idílica situación patrimonial y financiera difundida por sus administradores con anterioridad a su colapso financiero (que en noviembre de 2015 les llevó a presentar la solicitud de pre-concurso) eran o no contrarias a la realidad financiera y económica de la compañía.
El juez se basa en el informe aportado por la Plataforma de Afectados elaborado por el economista y auditor de cuentas Juan José Silva Clemente en el que se refleja la "sistemática ocultación de sustanciales pérdidas (deterioros) de los activos, así como la inclusión de certificaciones de obras no suficientemente acreditadas que han determinado una notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera de la entidad Abengoa".
Igualmente se recoge la resolución del ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) de 20 de febrero de 2018 que sancionó a la auditora Deloite y su socio Manuel Arranz y que puso de relieve la existencia de irregularidades que afectaron de manera incontestable de la imagen fiel que Abengoa trasladaba al mercado en sus cuentas del ejercicio 2014 "con el aval de la coquerellada Deloitte".