Las cuatro grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP España- y Repsol, que entra en el grupo tras la adquisición hace un año de la comercializadora de gas y electricidad de Viesgo, deberán aportar el 92,8% de la financiación para el bono social eléctrico en 2019, según la orden ministerial que aprueba los porcentajes de reparto de las cantidades destinadas a financiarlo publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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En concreto, Endesa, como compañía con la mayor cartera de clientes, se hará cargo del 36,261% del coste del bono social, cuyo importe total asciende a unos 200 millones de euros, mientras que Iberdrola correrá con el 34,623% y Naturgy asumirá el 15,816%. Por su parte, a EDP España se le asigna el 3,863% del reparto de la financiación del bono social, mientras que Repsol, la gran novedad dentro de los principales financiadores, deberá poner el 2,242%.
La compañía presidida por Antonio Brufau entró en este grupo de principales comercializadores de electricidad del país con el cierre en noviembre del año pasado de la compra de la comercializadora de Viesgo, que le permite contar con una importante presencia en sector minorista de electricidad y gas en España, con más de 965.000 clientes a día de hoy.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la encargada de determinar el porcentaje que corresponde aportar a cada una de las empresas, tras el cambio normativo que se produjo después de las sentencias del Tribunal Supremo entre 2015 y 2016. Los fallos del Supremo obligaron así a anular el anterior sistema de financiación del bono social eléctrico, según el cual debía ser asumido sólo por una parte de las empresas del mercado eléctrico.
El bono social eléctrico reconoce el derecho de determinados colectivos, (pensionistas, personas con discapacidad, perceptores de rentas mínimas o familias numerosas, entre otros) a ser beneficiarios de descuentos del 25% o 40% en su factura mensual de electricidad. En el caso de los consumidores en riesgo de exclusión social, se subvenciona el 100% de su recibo.
A CARGO DE TODAS LAS COMERCIALIZADORAS
La normativa del bono social establece que su financiación corre a cargo de todas las comercializadoras eléctricas, por lo que la CNMC calcula el porcentaje asignado a las distintas compañías, que suman más de 250 sociedades y 20 grupos de sociedades. Así, los cinco grupos con mayor número de consumidores deberá asumir ese 92,8% de la financiación del bono social, mientras que el 7,2% restante corresponderá a los otros grupos y sociedades con actividades de comercialización eléctrica.
En octubre de 2018, el Gobierno aprobó el real decreto de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que amplía las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años.
El real decreto-ley hacía extensiva esta medida de prohibir el corte de luz, considerado un suministro esencial, también para los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III.
