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Cuatro directivos de Iberdrola declaran este martes en calidad de testigos en la Audiencia Nacional, donde la compañía está siendo investigada por una presunta alteración del mercado que habría acometido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, inflando artificialmente el precio de la energía en el mercado mayorista y obteniendo a cambio un lucro ilícito en plena ola de frío.
Se trata del siguiente paso en esta causa que pilota el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien ya escuchó en declaración a Iberdrola, imputada como persona jurídica, y a un grupo de técnicos de las centrales hidroelécticas de Duero, Sil y Tajo, donde se habría acometido la reducción de suministro que elevó los precios.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, los técnicos fueron señalando en sus declaraciones que se limitaron a cumplir las instrucciones de sus superiores en la gestión de estas centrales, por lo que el juez ha citado a las cuatro personas que habrían tenido capacidad de adoptar aquellas decisiones que al final, derivaron en un encarecimiento de la energía.
Los técnicos señalan en sus declaraciones que se limitaron a cumplir las instrucciones de sus superiores
Las mismas fuentes precisan que no es descartable que alguna de las compañías que compraron energía a Iberdrola en ese periodo se presenten como damnificadas, si bien ninguna se ha personado aún en el procedimiento. El juez contempla llamarlas a declarar una vez escuche la declaración de los directivos.
Iberdrola ya fue multada por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) por este asunto en el año 2015, cuando el regulador le impuso una sanción de 25 millones de euros que la propia Audiencia Nacional suspendió cautelarmente en el año 2016.
Fue un año después, en 2017, cuando la Fiscalía Anticorrupción tomó las riendas del asunto y presentó formalmente una denuncia, al encontrar indicios de un posible delito de alteración del mercado, ya que entiende que Iberdrola, "con la finalidad de lucrarse ilícitamente ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda".
En concreto, la Fiscalía sostiene que la compañía "aumentó sin causa legítima que lo justificara el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones" y lo hizo "a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad".
IBERDROLA DEFENDIÓ QUE NUNCA MANIPULÓ LOS PRECIOS
En su momento, Iberdrola mantuvo que en ningún momento realizó una manipulación fraudulenta de los precios en las ofertas de producción hidroeléctrica en este período y defendió que el precio del mercado en aquellas fechas subió por la confluencia de circunstancias ajenas a la compañía -como confirmó la CNMC en su informe de 7 de enero de 2014-, entre ellas, una alta demanda, una producción eólica baja, la indisponibilidad de centrales nucleares y los precios altos de gas en los mercados internacionales.
La energética siempre destacó que actuó como un gestor prudente, reflejando en sus ofertas de producción hidroeléctrica el incremento de valor que tenía el agua en ese escenario de escasez, tal y como consideró que había quedado probado por varios informes de expertos cualificados independientes. Además, aseguró que no obtuvo ningún beneficio con esta supuesta actuación ya que tenía una posición neta compradora en el periodo analizado.
