Coto a los bonus millonarios. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quiere limitar el importe que un consejero ejecutivo percibe a su salida de una compañía cotizada para evitar que las cantidades sean astronómicas. En la reforma de su Código de Buen Gobierno, sometida el miércoles a consulta pública, el supervisor incluye que los pagos por extinción de un contrato de un consejero ejecutivo, entre los que incluyen los planes de pensiones no consolidados en años pasados y los pactos por no competencia, no deberían superar el equivalente a dos años de su retribución anual. Eso sí, se trata solo de una recomendación.
La CNMV quiere evitar que las empresas inflen el cheque de salida de determinados directivos y solamente se comprometan a pagarles cantidades razonables. El supervisor ya consideraba que debía existir un límite de dos años de retribución para estos pagos, pero ahora especifica que para calcularlo se tendrán en cuenta las cantidades que se abonen por pactos de no competencia y por planes de pensiones no consolidados.
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Las empresas cotizadas tienen la obligación de comunicar anualmente las remuneraciones completas de sus consejeros, incluidas las aportaciones que hacen a sus planes de pensiones.
Estas aportaciones no deberían tenerse en cuenta para calcular este límite a los bonus, según la CNMV, dado que se trata de derechos que el consejero ha ido generando durante años. Al contrario, lo que quiere evitar el supervisor es que las empresas escondan en el bonus de salida unas cantidades bajo la calificación de aportaciones extraordinarias al plan de pensiones que no se han declarado como tal los ejercicios anteriores. Es decir, que no están consolidadas.
Algo similar ocurre con los pagos comprometidos por la compañía al exconsejero para que no se marche a la competencia. La CNMV quiere que los pactos de no competencia se contabilicen para calcular este máximo.
Así, todos los conceptos que conformen el importe que la empresa quiera pagar al exconsejero por su marcha (pago por pacto de no competencia, falsos planes de pensiones y otros) no deberían superar el equivalente a dos años de remuneración anual.
JAQUE A LAS COMISIONES EJECUTIVAS
En la reforma de su Código de Buen Gobierno, la CNMV también pone en jaque a las comisiones ejecutivas, el máximo órgano de gestión de las cotizadas, que suele estar compuesto por los consejeros ejecutivos de la empresa.
El supervisor quiere evitar que las compañías den la espalda al consejo de administración a la hora de tomar decisiones aferrándose a estas comisiones ejecutivas y, en especial, a los consejeros independientes, por lo que recomienda que estas comisiones tengan, al menos, dos externos, de los que uno debería ser independiente. Y todo al margen del número de miembros que tenga la comisión. Es decir, si este grupo está compuesto por cuatro personas, al menos dos deberán ser consejeros externos.
PLAN DE COMUNICACIÓN
Otra de las novedades de la reforma es la recomendación a las cotizadas para que tengan un plan de comunicación y no improvisen a la hora de transmitir información financiera y corporativa a los medios de comunicación y a través de las redes sociales.
La recomendación recuerda al tuit que Ana Botín, presidenta de Santander, publicó el pasado 20 de mayo en Twitter en el que aseguraba que el principal accionista de DIA, LetterOne, estaba dispuesto a eliminar la discriminación entre bonistas y bancos acreedores de la cadena de supermercados. El mensaje se producía en a pocas horas de que la compañía tuviera que presentar el preconcurso de acreedores por no haber logrado un acuerdo de refinanciación que le permitiera reequilibrar su situación patrimonial y antes de que DIA comunicara al mercado el resultado de la negociación con la banca.
El mensaje provocó que tanto las acciones como los bonos subieran con fuerza, pese a lo cual Sebastián Albella, presidente de la CNMV, consideró que el impacto apenas tuvo impacto en el mercado. Semanas después, el supervisor decidió no sancionar a la banquera.
