Abril de 2021. Esa es la fecha que tienen las constructoras en el horizonte para presentar ante la Unión Europea (UE) una batería de proyectos que les permitan acceder a los fondos para la recuperación. Por lo tanto, tienen nueve meses por delante para prepararse y conseguir parte de los 80.000 millones de euros que se calcula que recibirá España.
El presidente de la Asociacion de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), Julián Núñez, insistía varias veces este jueves en que "tenemos que bien estar preparados" para conseguir que una buena parte de esos fondos se dediquen a las infraestructuras. Esta es una reivindicación que viene realizando el sector desde hace semanas, ya que lo considera imprescindible para la recuperación del sector y, por ende, de la economía española.
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Las constructoras se han puesto manos a la obra para planificar los proyectos que se presentarán ante Bruselas, ya que ven en el fondo para la recuperación una buena forma de compensar el recorte en el importe de las adjudicaciones que las instituciones públicas realizarán este año por motivo de la crisis del Covid-19. En concreto, serán 6.000 millones de euros menos que el año pasado.
RECUPERAR LICITACIONES
"Todas las administraciones están en ese papel de reflexionar sobre qué se puede hacer" ante esta situación, pero "hay que recuperar la normalidad en nuestras vidas", remarcaba Núñez durante una teleconferencia organizada por Cemex. Aunque lo tiene bastante difícil, si el sector consigue esta exigencia, no tendría que jugarse prácticamente todas sus cartas a las ayudas de la UE.
Por lo tanto, como es importante que se recupere la licitación pública previa a la pandemia, instaba al Estado y a las comunidades autónomas a sacar a concurso, cuanto antes, "todos los proyectos públicos maduros en infraestructuras". En este sentido, recordaba que "ADIF tiene programados más de 2.200 millones en infraestructuras ferroviarias", que podrían generar mucho empleo.
Considera que esta es la manera más rápida de dejar atrás la crisis que ha provocado el coronavirus, sin tener que esperar al examen de abril de 2021. "Las infraestructuras constituyen la principal palanca que tienen las administraciones públicas para anticipar el crecimiento económico y la creación de empleo", explicaba Núñez a la vez que sacaba pecho y aseguraba que es el sector "que más estimula la industria nacional", ya que requiere la menor cuota de importaciones (solo un 9%).
INSISTE EN LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Durante su comparecencia también sacó a la palestra otro de los reclamos más demandados por las constructoras: la colaboración público-privada. En este sentido, solicitaba un acuerdo de Estado donde se establezcan los mecanismos necesarios para fomentar las actuaciones de carácter público-privado para que estas no dependan de la coyuntura política. "Unos 125.000 millones de inversión pública prevista son susceptibles de ser financiados así", aseveraba.
Dentro de esta colaboración entre Estado y empresas privadas, entiende que debe incluirse la resolución de los conflictos de manera interna, sin tener que acudir a los tribunales. "No se trata solo de un medio de financiación, sino también de un diálogo permanente que permita desarrollar los proyectos en las mejores condiciones posibles", evitando los importantes incrementos en los costes que suponen acudir al sistema judicial.
La colaboración mixta, según las cifras que aportaba Núñez, aumentaría sustancialmente el 2% del PIB que se destina actualmente a desarrollo de infraestructuras, la mitad que en 2008. Además, entre los aspectos positivos también apuntaba la anticipación del beneficio social (realizarlo ahora y no cuando lo pueda pagar el Estado) y la transferencia de riesgos (una misma empresa asume toda responsabilidad y opera en todo el ciclo de vida del proyecto).
