- La entidad bancaria presentó una denuncia contra los Colegios de Abogados por las demandas que está recibiendo en toda España
- La Comisión inició una investigación y, al observar indicios racionales de la existencia de conductas La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha recordado que la apertura de este expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto un expediente sancionador a nueve Colegios de Abogados. En esta investigación se les acusa de aplicar sobrecostes de unos 150 millones en las demandas contra Bankia, al realizar recomendaciones de precios.
La entidad bancaria presentó una denuncia contra los Colegios de Abogados por las demandas que está recibiendo en toda España
Los colegios de abogados afectados, cuyo número se podría ampliar durante el proceso de investigación, son el de Valencia, Barcelona, Ávila, La Rioja, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, A Coruña y Sevilla, ha informado este miércoles en un comunicado.
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Tras una denuncia de Bankia, el regulador ha observado "indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas" respecto a recomendaciones de precios por parte de los colegios de abogados mediante la elaboración y publicación de criterios orientativos de tasación de costas, sin tener en cuenta la existencia de pleitos masivos idénticos o muy parecidos entre sí.
LA CNMC SEÑALA QUE NO SE PUEDE COBRAR LO MISMO POR DEMANDAS REPETITIVAS QUE POR INDIVIDUALIZADAS
Fuentes de la CNMC han explicado a Europa Press que no se puede cobrar lo mismo por demandas repetitivas que por una individualizada, ya que los costes de preparación del caso solo se pueden imputar una vez. La denuncia de Bankia calcula que está soportando un sobreprecio en la liquidación de costas procesales en el marco de su Oferta Pública de Suscripción de acciones de 2011 de más de 150 millones de euros.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha recordado que la apertura de este expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación, que inicia ahora un periodo máximo de 18 meses para su instrucción y resolución.
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