Las acciones de Inmobiliaria Colonial y Merlin Properties se han desplomado este martes un 4,93% y un 1,57%, respectivamente, hasta alcanzar ambas sus mínimos históricos desde que se constituyeran como socimis, después del anuncio del Gobierno de incluir en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año un aumento del Impuesto de Sociedades para este tipo de vehículos inversores.
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En concreto, la compañía dirigida por Pere Viñolas cerró la sesión en 6,17 euros por acción, sus mínimos en bolsa desde que en 2017 se constituyera como socimi, mientras que la firma cuyo consejero delegado es Ismael Clemente concluyó la jornada en 5,94 euros, mínimos desde que debutase en el parqué madrileño en 2014.
El plan del Gobierno, según anunciaron a primera hora de la mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, es eliminar el trato favorable que reciben este tipo de sociedades, al estar exentas ahora de pago del Impuesto de Sociedades.
Su objetivo es que paguen un mínimo del 15%. No obstante, esta tributación mínima no afectaría a las grandes socimis que operan actualmente en España, puesto que ya distribuyen entre sus accionistas todos los beneficios que consiguen.
Este reparto del beneficio es uno de los requisitos que tienen estas sociedades para beneficiarse del trato fiscal, ya que tienen que distribuir a sus accionistas, como mínimo, el 80% de los beneficios obtenidos por el alquiler, así como todos los beneficios procedentes por sus participaciones en otras empresas.
Además, para evitar la especulación, las socimis tienen que tener en cartera todas sus adquisiciones un mínimo de tres años, cotizar en bolsa y contar con un capital flotante, es decir, el número de acciones abiertas a negociación, del 25% del capital social.
Sin embargo, según indican los analistas del Sabadell, el plan del Gobierno podría pasar por establecer ese mínimo del 15% no únicamente sobre los beneficios no distribuidos, sino sobre el beneficio neto, independientemente de si se reparte o no.
En este caso, la entidad cree que el efecto sobre estas sociedades sería "claramente negativo", calculando que el impacto en el beneficio por acción ascendería al 9%. Aun así, señala que ambas podría activar créditos fiscales por las bases imponibles negativas de la época de crisis.
"ESPECULACIÓN RESIDENCIAL"
La regulación de las socimi en España se fijó en una ley de 2009, en el contexto creado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, con el fin de dotar de liquidez a las inversiones en el sector inmobiliario, asegurando un flujo continuo de inversiones a través del ahorro de los inversores.
A raíz de esta regulación surgieron una serie de socimis, entre las que destacan las dos que cotizan en el Ibex 35, así como Lar España Real Estate y Árima Real Estate, ambas presentes en el Mercado Continuo.
No obstante, según la asociación del sector Asocimi, a diciembre de 2019 cotizaban en el mercado española hasta 84 sociedades de este tipo, 75 de ellas en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) --llamado ahora BME Growth-- y 5 en Euronext.
Las mismas fuentes admiten que muchas de estas socimis cotizadas en BME Growth podrían estar "transgrediendo la norma", ya que no cuentan con el suficiente capital flotante abierto a los inversores para poder beneficiarse del régimen fiscal.
En concreto, apuntan a que algunas incurren en la "especulación residencial", ya que cuentan con algún activo inmobiliario y deciden salir a cotización como socimis para aprovecharse del mejor trato fiscal.
Pese a que el cambio propuesto por el Gobierno no debería afectar a las que sí cumplen con los requisitos, el sector cree que esta nueva regulación podría crear "inseguridad jurídica" y condiciones de competencia desfavorables respecto a otros países, lastrando así la captación de una mayor inversión hacia España.