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El caso Electricaribe da un nuevo giro: Colombia responde a la demanda de Naturgy subrayando la pérdida de valor de la compañía y reclamando a la energética española los gastos de la expropiación de la compañía.
Desde España se esperaba este paso. Según fuentes cercanas al proceso, era necesario para que continuara el proceso iniciado en el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) para reclamar al Gobierno colombiano 1.600 millones de dólares.
Sin embargo, es la primera vez que Colombia presenta una contrademanda en un escenario internacional de este tipo, han defendido las autoridades locales, y se ha aprovechado la ocasión para reclamar a la energética una indemnización por los perjuicios causados al país por el mal servicio que daba la distribuidora eléctrica Electricaribe y otros montos económicos como los costes derivados de la intervención que realizó hace ya dos años.
Esta contrademanda, impulsada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), aún no recoge el monto económico final que Colombia reclamará a Naturgy, pero adelanta que demostrarán que sí se podía hacer la expropiación de Electricaribe y que la mala gestión que la española realizó es lo que causó la gran deuda de la compañía, poniendo en riesgo el suministro eléctrico de la región del Caribe.
En el momento de su intervención por parte del Gobierno, Electricaribe ya acumulaba un agujero de más de 1.200 millones de dólares. El Gobierno ha decidido hacerse cargo de parte de esos pasivos, 400 millones de dólares. Pero el resto, deudas con bancos y generadores eléctricos, tendrán que esperar a que se liquiden los activos o a que el Gobierno obtenga los fondos por otra vía, pudiendo buscar en la demanda contra Naturgy una solución a esta deuda.
DEMANDA DE NATURGY
Naturgy demandó a Colombia en marzo de 2017, seis meses después de la intervención de Electricaribe y cuando el Gobierno decidió liquidar la compañía y buscar un nuevo operador para la distribuidora, algo que todavía no ha logrado después de que Enel se pensara dos veces su compra.
La energética española reclamó la devolución de la compañía -en la que tiene una participación del 85%-, en “un marco regulatorio viable” o que, en su defecto, se le compensara con alrededor de 1.000 millones de dólares, teniendo en cuenta que ha invertido más de 800 millones desde el año 2000. El verano pasado, la española elevó el monto a 1.600 millones de dólares reclamando también el lucro cesante y las pérdidas causadas en los activos en este tiempo.
Naturgy defiende que la intervención que realizaron las autoridades no cumplió los requisitos pactados en el contrato de administración y alegó que esta decisión constituía una “expropiación sin indemnización”.
La Superintendencia de Servicios colombiana intervino la empresa alegando deficiencias en el servicio, falta de capitalización para modernizar la infraestructura y el no pago de las obligaciones. En estos argumentos, sin embargo, se omitía el hecho de que esa falta de pago era consecuencia de la elevada morosidad de sus clientes, entre los que está la propia Administración colombiana, apuntan a este medio fuentes conocedoras del proceso.
Naturgy sustenta su demanda en que la inviabilidad de Electricaribe no se debe a un problema de gestión, como afirma el Gobierno colombiano, sino al marco legal y regulatorio en el que opera. La cultura aceptada de ‘no pago’ en Colombia hizo que la comercializadora deba realizar el suministro energético pero le impide cortar el servicio en caso de impago, aumentando sus gastos sin recibir ingresos, concluyen las mismas fuentes.
Las autoridades tienen de plazo hasta el próximo verano para fijar una cuantía y, según han defendido, consideran que tienen argumentos suficientes para defender que la intervención fue legal y que a Colombia le corresponde una indemnización por la mala operación de la distribuidora que realizó la energética española.
