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El fabricante de ferrocarriles Talgo ha cerrado con caídas del 8,72% tras volver a cotizar en bolsa después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya levantado la suspensión cautelar impuesta después que el Gobierno denegara la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Magyar Vagon (Ganz Mavag) para hacerse con el 100% del capital de la compañía española.
Según ha explicado el Ministerio de Economía, la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) ha emitido un informe negativo sobre esta operación. La Jinvex alude a motivos relacionados con la seguridad nacional y el orden público para desaconsejar la aprobación de la oferta del grupo húngaro.
"Para el Gobierno, Talgo es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España", asegura el ministerio liderado por Carlos Cuerpo en un comunicado. El Gobierno de España también ha asegurado que mantiene como "objetivo prioritario" la atracción de inversión extranjera, "sobre todo en aquellos sectores y proyectos clave para nuestra competitividad y seguridad económica, de forma equilibrada y compatible con la protección de los intereses estratégicos o la seguridad nacional".
En un comunicado enviado a las 12:34 horas del martes, la CNMV señalaba que mantendrá la suspensión de la cotización mientras la compañía no "difunda una información relevante" sobre esta situación. Posteriormente, el regulador informó que la suspensión se levantaría a las 14:45 horas.
Cabe recordar que Magyar Vagon presentó el pasado marzo una oferta de 5 euros por acción por el único fabricante de trenes de alta velocidad de España. Desde el primer momento, el Ejecutivo español se mostró frontalmente en contra de esta operación, con el ministro de Transportes, Óscar Puente, llegando a afirmar que el Gobierno "hará todo lo posible" por evitar que salga adelante.
Uno de los principales motivos al rechazo del Gobierno se debe al apoyo del Ejecutivo prorruso y antieuropeo de Viktor Orbán a Magyar Vagon. De hecho, el 45% del capital del grupo húngaro está controlado por Corvinus, un fondo estatal húngaro. Además, András Tombor, directivo de la compañía magiar, fue asesor del Gobierno húngaro entre 1998 y 2002, también liderado por Orbán.
Por otro lado, el Gobierno también ha dudado de que las fábricas del grupo húngaro tuviesen suficiente capacidad suficiente para resolver los problemas de producción de Talgo. En la carta en la que la compañía española explicaba el rechazo a la propuesta de "integración industrial de Skoda", Talgo argumentaba que "no es el momento adecuado para explorar posibles alternativas distintas a una oferta pública de adquisición competitiva que garantice los recursos financieros e industriales que permitan a Talgo afrontar sus retos presentes y futuros".
En los últimos días, representantes de Transportes viajaron a Hungría para tratar de desatascar la situación, pero parece que las reuniones mantenidas no han llegado a buen puerto.
Cabe señalar que la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) ha anunciado este martes que acudirá a los tribunales para defender a los accionistas minoritarios de Talgo de la injerencia del Gobierno de España por dificultar su derecho a decidir por el veto a la OPA de Magyar Vagon.
"Como resultado de las irregularidades detectadas, AEMEC impugnará la normativa que permite la suspensión de inversiones extranjeras. Esta normativa -que tenía sentido en la época de la pandemia y que ha perdido su razón de ser- supone un grave perjuicio a los accionistas de sociedades cotizadas al ver limitada su posibilidad de acudir a una oferta pública para vender sus acciones", ha explicado la Asociación en un comunicado.
La Asociación ha explicado que el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, permite la suspensión del régimen de liberalización "cuando las inversiones afecten a la salud, seguridad y orden público". Según la asociación de minoristas, el objeto social de Talgo "nada tiene que ver" con las anteriores materias por lo que el procedimiento de autorización iniciado por el Ejecutivo "no se ajusta a la Ley, pues no se dan los supuestos legalmente establecidos para la suspensión de la OPA".
