La CNMC recortará las tarifas de gas y luz pese a las críticas del Gobierno

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El mercado, en pie de guerra con la CNMC y su hachazo a las energéticas

La circular de la CNMC provocó un duro castigo al sector en bolsa en julio porque propone reducir la retribución a la distribución y transporte de entre el 7% y el 11% para la electricidad y de entre el 17% y el 22% para el gas. Esta medida persigue abaratar la tarifa para los consumidores, en especial los industriales, ya que el precio del gas en España es mucho más caro que en el resto de la UE.

Como es lógico, las empresas se pusieron en pie de guerra, iniciaron una intensa labor de lobby e incluso amenazaron con demandas judiciales. Toda esta presión ha dado su primer fruto con las alegaciones del Ministerio para la Transición Energética a este recorte anunciadas el martes.

Las compañías esperan que esta presión y el apoyo gubernamental consigan que Marín Quemada anule o, al menos, modere el hachazo propuesto. Sin embargo, las citadas fuentes de la CNMC lo niegan en redondo: "La circular se irá puliendo porque queremos el mayor consenso posible, pero la idea inicial se va a mantener: claro que habrá recortes porque tiene que haberlos".

PRECIO MÁS CARO Y RENTABILIDAD DISPARADA

Desde el regulador explican que la UE obliga a cambiar el marco regulatorio cada seis años para adaptarlo al entorno económico y que estos ajustes se han hecho mediante cálculos matemáticos sobre la retribución y las inversiones actuales del sector. Según su versión, las gasistas ya han cobrado todo lo que debían por las inversiones realizadas -que no son todas las que tenían que haber hecho- e incluso han obtenido una sobrerretribución que les ha permitido alcanzar una rentabilidad (ROE, rentabilidad sobre fondos propios) muy superior a la del resto de sectores. "Hay que reeqeuilibrar esta situación", sostienen.

Así, la CNMC utiliza varios estudios para afirmar que el sector gasista tiene un ROE en torno al 25% (y en 2014 rozaba el 40%), frente a una media apenas superior al 10% para el conjunto de las empresas españolas; la banca ni siquiera llega al doble dígito. Asimismo, estima que el precio del gas para un consumidor doméstico español ha sido un 24,3% superior al de la media de la zona euro en el período 2012-2018.

Por el contrario, el sector sostiene que no podrá hacer inversiones con la caída de la retribución y que se reducirá la calidad del mantenimiento de las redes actuales. Incluso alerta de la necesidad de reducir plantilla en España. A su juicio, la CNMC está pensando solo a corto plazo y no en el modelo energético de los próximos 30 años: y con las medidas propuestas, España acabará como Argentina, con apagones e insuficiencia de suministro. Y recuerdan que, mientras las energías renovables no sean suficientes para satisfacer la demanda, el gas seguirá siendo necesario.

Dentro del sector del gas, las empresas cotizadas más afectadas son Enagás (que se dedica por completo al transporte), Naturgy, Endesa y, en menor medida, Iberdrola. Pero el mayor impacto lo recibirán las pequeñas distribuidoras locales y regionales, cuya supervivencia puede estar en entredicho con el hachazo a la retribución.

Detrás de esta pelea se encuentran las fuertes inversiones que han realizado numerosos fondos de capital riesgo, de pensiones o soberanos (como el de China) en empresas y activos del sector, sobre la base de la remuneración actual. Las empresas les han prometido una rentabilidad y, si no la pueden alcanzar, se avecina un aluvión de demandas y arbitrajes individuales, aparte de la mala imagen de España por la inseguridad jurídica.

AL SECTOR LE INTERESA ALARGAR LOS PLAZOS

La CNMC responde que las empresas sabían desde 2014 que el régimen actual iba a modificarse y que se etnía que corregir la sobrerretribución, por lo que no debían haber prometido las rentabilidades que prometieron para maximizar el precio de venta de sus activos. En su opinión, ese problema no debe solucionarse a costa del consumidor, sino de las empresas: "Tendrán que buscar otras vías para obtener esa rentabilidad", sentencia.

Por último, hay un problema de plazos. El nuevo marco regulatorio debe entrar en vigor el 31 de diciembre; si no lo hace, se prorrogará el actual. En consecuencia, al sector le interesa alargar los plazos todo lo posible para que no se pueda aprobar antes de fin de año. Algo que Marín Quemada no está dispuesto a consentir.