La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pedirá a la Administración que no contrate obra pública con quince empresas a las que ha multado con 118 millones de euros por formar un triple cártel con el que durante catorce años se repartieron unos 200 proyectos ferroviarios que, en conjunto, suman un importe de 1.055 millones de euros.
Se trata de la primera ocasión en que el 'superregulador' recurre a la facultad con que cuenta de activar el "procedimiento para prohibir contratar con la Administración".
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Por el momento, la multa impuesta a las firmas es la segunda mayor dictada por la CNMC a un cártel, tras la de 128 millones que se puso en 2016 a fabricantes de pañales.
Las empresas sancionadas ahora y con las que se pide no contratar obra pública son Cobra y Semi, ambas del grupo ACS que, de esta forma, afronta la mayor multa, al sumar la de 27,20 millones y 16,4 millones de euros de sus dos filiales, así como Elecnor, sancionada con 20,35 millones, Siemens (16,80 millones), Inabensa (11,56 millones), y Alstom (8,83 millones).
También han sido multadas Cymi, Isolux, Electren, Comsa, Indra, Neopul (Sacyr), Telice, EyM (OHL) y Citracc, en estos casos con multas que oscilan entre 4,22 millones y 385.067 euros. Además, catorce directivos de todas las compañías han sido también multados con un total de 666.00 euros.
La CNMC considera probado que las quince empresas formaron tres distintos cárteles con los que durante catorce años se repartieron contratos ferroviarios.
En concreto, según la resolución, estas firmas lograron adjudicarse 204 contratos relacionados con la instalación de sistemas de electrificación y electromecánica de líneas de tren AVE y convencional que, en conjunto, suman un importe total de 1.055 millones de euros.
ALSTOM Y SIEMENS, EXIMIDAS
Alstom ha sido la compañía que, según Competencia, ha destapado el cártel, con lo que no tendrá que afrontar la multa de 8,8 millones de euros que le correspondería, ni la sanción de 155.700 euros impuesta a su presidente, Antonio Moreno, y otro directivo. La sanción de Siemens se recorta en un 45% por colaborar en la investigación y queda en 9,24 millones.
Además, en virtud también del programa de clemencia de la CNMC para las empresas que colaboran en destapar cárteles, estas dos compañías quedarán fuera de la reclamación de prohibición de contratar con ellas que la CNMC realizará a la Administración, según detallaron a Europa Press en fuentes de este órgano.
De su lado, Indra manifestó su "respeto" ante la resolución, si bien considera que "no se ajusta a Derecho", por lo que la recurrirá judicialmente, ante la Audiencia Nacional y pedirá cautelares sobre sus efectos, según indicaron a Europa Press en fuentes de la compañía.
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La CNMC mantiene la detección de cárteles como una de las "prioridades" de su actuación, dada la "especial gravedad" que, según asegura, tienen para los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados.
'MODUS OPERANDI'
Según el 'superregulador', las compañías implicadas pactaban consorcios para lograr contratos de electrificación del AVE y repartir después parte de las obras con el resto de las firmas, "que presentaban ofertas al proyecto para simular concurrencia competitiva en la licitación".
En el caso de las líneas convencionales, el acuerdo entre las empresas pasaba por repartirse las licitaciones mediante un sorteo con el que establecían el orden de adjudicación de los contratos al que las empresas denominaban "ranking". Además, compensaban a las que no resultaban adjudicatarias con un 6% del importe del contrato.
El mayor de estos tres cárteles es el que trece de estas firmas mantuvieron durante ocho años, que además coinciden con los de la pasada crisis (2008 y 2016), con el que "adoptaron acuerdos" para "repartirse" 24 proyectos de electrificación del AVE por 837 millones.
Otro de los cárteles se extendió durante catorce años (2002-2016) en los que diez empresas acordaron sobre 173 contratos de electrificación de tren convencional que suman 134 millones, y el tercero, formado por Alstom y Siemens y luego ampliado a Elecnor, afectó a siete contratos de instalación de equipos electromecánicos del AVE que suman 84 millones.