La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Sabadell, Santander, CaixaBank y Bankia por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la comercialización de las líneas de avales ICO Covid.
Estos avales fueron habilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en 2020 para facilitar el acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos y hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.
En concreto, la CNMC investiga la vinculación a distintos productos que los bancos habrían exigido como condición para que los clientes pudieran acceder a las líneas de avales ICO Covid. Además analiza la utilización de los créditos como mecanismo para reestructurar deudas financieras preexistentes, según ha informado el organismo presidido por Cani Fernández.
Las conductas analizadas tienen origen en determinada información que la CNMC recibió a través del buzón [email protected]. La Comisión activó este canal durante el estado de alarma del año pasado para que empresas y ciudadanos pusieran en conocimiento de la institución posibles prácticas anticompetitivas que se estuvieran produciendo en los mercados.
Tras el análisis realizado, la CNMC considera que la actuación de los bancos investigados se alejaría de la buena fe exigida a las empresas en sus relaciones con los clientes. En consecuencia, sus prácticas podrían haber alterado el comportamiento económico de los consumidores que acudieron a estas entidades para suscribir los créditos ICO.
Todo ello, según la CNMC, podría suponer un falseamiento de la libre competencia y habría afectado al interés público. La incoación del expediente se produce al amparo del artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en relación con el artículo 4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.
Se abre así un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC, sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado final de la investigación.
LOS BANCOS SE DEFIENDEN
Santander, CaixaBank, Bankia y Sabadell defienden que han cumplido "en todo momento" con la normativa en torno a la gestión de créditos con aval público del ICO y que seguirán facilitando a las autoridades de competencia la documentación necesaria para probar que no han llevado a cabo conductas sancionables en este sentido, según han indicado fuentes de estas entidades a Europa Press.
A falta de conocer el expediente, desde el Santander desconocen los hechos concretos que se les pueden imputar, pero aseguran que la actuación del banco ha sido "totalmente respetuosa" con la competencia entre entidades financieras en España en la contratación de líneas de avales ICO Covid y que "ha atendido con diligencia todos los requerimientos remitidos por la CNMC". "El banco ha cumplido con la normativa reguladora de las líneas de avales ICO Covid. En tal sentido, Santander no ha condicionado financiación con garantía ICO a la contratación de ningún otro producto o servicio y tampoco ha impuesto la utilización de dicha financiación para reestructurar deudas preexistentes", ha indicado un portavoz de la entidad.
Por su parte, fuentes de CaixaBank han destacado que CaixaBank y Bankia, en su momento, han ido facilitando a la CNMC toda la información que les ha ido solicitando sobre la comercialización de los productos ICO Covid-19. "Esperamos poder explicar mucho más en detalle este proceso de gestión para dar plena visibilidad sobre sus características. Confiamos en que el detalle y la prueba adicional que proporcionemos lleve al regulador a concluir que en ningún momento se produjeron conductas sancionables", han señalado.
De su lado, Banco Sabadell ha asegurado que durante el periodo de dificultad de la pandemia acompañó a sus clientes y formalizó más de 140.000 expedientes de crédito por un volumen superior a los 12.500 millones de euros "cumpliendo con los requisitos legales establecidos, habiendo implantado los mecanismos de verificación y control pertinentes para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable".
Fuentes del Banco Sabadell sostienen que la entidad implantó unos mecanismos de control post-contratación adicionales, con el objetivo de confirmar que dichos expedientes "se formalizaron cumpliendo con todos los requisitos". "El propio ICO ha realizado un proceso de auditoría sobre una amplia muestra de operaciones por un importe total de más de 1.200 millones de euros, sin que haya comunicado ninguna incidencia significativa", resaltan.
Desde el Sabadell entienden que el supervisor realice las comprobaciones que estime oportunas, dada la "trascendencia e importancia" de las líneas de avales ICO, aunque recuerdan que la apertura de expediente por la CNMC "no prejuzga el resultado final de la investigación". "Banco Sabadell podrá aportar todas las evidencias necesarias para acreditar su adecuado comportamiento y la idoneidad de los procedimientos y controles establecidos", han afirmado.
INSTAN AL BANCO DE ESPAÑA
Por su parte, Adicae ha instado al Banco de España a "tomar nota" del posible alejamiento de la buena fe exigida a las entidades financieras en sus relaciones con los clientes al comercializar préstamos. Ha señalado que esta actuación de la CNMC "debería llamar la atención del Banco de España, perfectamente conocedor de la política comercial de la banca española a la hora de distribuir crédito".
La asociación insiste en que las condiciones en las que se están firmando nuevos préstamos y refinanciaciones "deben ser especialmente vigiladas y controladas en estos momentos de incertidumbre económica generada por la pandemia" y asegura que la vinculación abusiva es "uno de los principales fenómenos observados" que, sin embargo, "para el Banco de España merece una simple llamada en redes sociales".
Por otro lado, el socio director del despacho Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, ha afirmado que malas prácticas bancarias como son la vinculación de otros productos al crédito avalado por el ICO o la utilización de la línea de crédito extraordinaria para reestructurar deuda histórica de pymes y autónomos son "ilegales y tremendamente morales e irresponsables". "Cuando las pymes y la sociedad en su conjunto estaba viviendo una situación límite extraordinaria, algunas entidades interpretaron el auxilio público como una oportunidad para hacer negocio o recuperar fallidos transfiriendo al Estado el 80% de sus impagados", ha criticado.
