La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a Adif y a Adif Alta Velocidad por presuntamente inflar en unos 43 millones el canon o 'peaje' que cobra a los trenes que circulan por la red ferroviaria propuesto para este ejercicio 2019.
Se trata del primer expediente que el 'superregulador' incoa a la compañía promotora y gestora de las líneas de tren y el resto de infraestructuras ferroviarias. Es además el primer proceso sancionador que se abre en virtud de las facultades de supervisión que la Ley Ferroviaria otorga a la CNMC, según informó este órgano.
Además, el expediente se incoa en vísperas de que en diciembre del próximo año el sector del transporte de viajeros en tren se abra a la competencia.
En diciembre del próximo año el sector del transporte de viajeros en tren se abrirá a la competencia
El procedimiento a Adif se incoa al considerar la CNMC que la fijación del canon que cobra a los operadores por la utilización de la red ferroviaria para recuperar los costes de su construcción y mantenimiento incluía partidas no contempladas en la ley.
La comisión advirtió a Adif de que el cálculo y la fijación del canon que había realizado "no se ajustaba a la regulación vigente" en el transcurso del análisis que, como supervisor del mercado, realiza sobre la misma.
A pesar de ello, la compañía ferroviaria pública aprobó el canon y lo remitió al Ministerio de Fomento para su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
La CNMC considera que esta conducta de Adif constituye una infracción "muy grave" según lo establecido en la Ley Ferroviaria, por lo que ha abierto el expediente sancionador a esta empresa pública a pesar de que este canon no se aplica por no haberse aprobado los Presupuestos.
El pago del canon constituye uno de los principales costes de explotación de Renfe, único operador de la red ferroviaria hasta que el próximo año se abra a la competencia y otras compañías entren a competir con la operadora pública.
De esta forma, el importe que Renfe y los eventuales nuevos operadores paguen por este 'peaje' puede determinar el precio que, a su vez, los operadores cobren por los billetes de tren, fundamentalmente en el caso de los trenes de AVE y Larga Distancia, dado que no tienen supervisión del Gobierno por no ser considerados servicios públicos.
