Por fin llegó el esperadísimo informe de Deloitte sobre la resolución del Banco Popular, aquel que la presidenta de la JUR, la ínclita Elke König, dijo que se publicaría "cualquier día de estos"... en abril. Y, más allá de confirmar, como todos sabíamos, que llevar al Popular a una quiebra ordinaria habría sido más caro -lo contrario cuestionaría la decisión de la JUR de junio de 2017-, ha sido una gran decepción.
Decepción por la chapuza que han hecho, básicamente. Después de un año y dos meses, cabía esperar algo más elaborado y con más sustancia. Pero no solo no aclara la mayoría de los puntos oscuros de su primer informe (¿primer o segundo? En la JUR solo hay colgados dos informes firmados por Deloitte, aunque insisten en decir que es el tercero, otro punto oscuro). Es que, ademá,s complica la cosa todavía más: por ejemplo, han desaparecido 8.000 millones de activos inmobiliarios respecto al documento anterior.
Se supone que esos activos están ahora contabilizados en otras partes del informe, aunque no está claro cuáles. En todo caso, hace que no se pueda comparar con el primero; probablemente, a propósito. Tampoco cuantifica cuánto se podría haber obtenido vendiendo las filiales y las 'joint ventures' del Popular, como WiZink, TotalBank o AllianzPopular, sino que solo da una cifra global. Y la parte de litigios aparece de nuevo lamentablemente censurada.
Todo esto no hace sino reforzar los argumentos de los afectados de que la resolución del Popular fue un proceso oscuro, lleno de secretos, mal fundamentado e insuficientemente justificado. E incrementa sus posibilidades de éxito en los juzgados; la JUR y Deloitte deberían ser conscientes de que los jueces españoles, en general, están muy poco duchos en contabilidad, y este informe es ininteligible para la mayoría. Y también deberían saber que su tendencia es dar la razón a los afectados.
EL INFORME DEL BANCO DE ESPAÑA, CRUCIAL
Por otro lado, Deloitte sí cuantifica el impacto de los posibles litigios: 3.500 millones. Una cifra que el Santander no está dispuesto a asumir ni de casualidad. Y encima, las responsabilidades penales pueden salpicar más allá de los gestores del banco: al auditor (PwC) y al propio Banco de España, como el caso Bankia, donde MAFO estuvo imputado (caso al que curiosamente alude el informe de Deloitte, que se tiene que sentar en el banquillo por su papel en aquella salida a bolsa).
Este riesgo convierte en crucial el informe que los peritos del propio Banco de España están elaborando para el juez Andreu, que debe determinar si hubo o no falsedad en las cuentas como sugiere hasta la CNMV. De ahí la importancia de la elección de Margarita Delgado como subgobernadora, quien se juega mucho en el envite porque ella misma supervisaba a los inspectores destinados en el Popular en 2012.
