- La deuda supone el 0,9% del PIB regional, la ratio más alta entre las comunidades
- La región es la que tiene un mayor número de empresas públicas en España
La deriva independentista de la Generalitat se produce paralelamente a una dependencia mayor del Estado. Y esto es así porque, a pesar de la sólida recuperación de su economía, también tiene uno de los niveles de endeudamiento público más elevado entre las comunidades. Tanto por parte del Govern como por parte de las empresas públicas que controla.
Cataluña es la región con más entes y empresas públicos. Según las últimas estadísticas del Ministerio de Hacienda y Función Pública, al acabar 2016 había 391 entidades. Esto es, más que en ninguna otra región y el 22% del total de las comunidades autónomas -sin contar Navarra y País Vasco por sus fueros y las compañías de varias comunidades-. El proceso de reordenación que han llevado a cabo las autonomías ha sido algo menos intenso en Cataluña, con un descenso del 22,6% desde 2012, que en el conjunto, del 23,8%.
Además de ser las más numerosas, las empresas catalanas han demostrado ser menos responsables financieramente. Estas compañías y entes, relacionados con los medios de comunicación regionales, la promoción de la cultura catalana o el transporte, acaparan casi la mitad de la deuda de las empresas regionales. En concreto, según estadísticas del Banco de España hasta el segundo trimestre de este año, son 2.010 millones de euros de deuda viva, el 47% de los 4.311 millones de deuda de empresas públicas autonómicas.
Las compañías autonómicas han reducido su apalancamiento en dos terceras partes desde el máximo alcanzado en septiembre de 2010
Las administraciones públicas han obligado a sus empresas a apretarse el cinturón durante los últimos años. Y en esto no ha habido una excepción en el caso catalán. Las compañías autonómicas han reducido su apalancamiento en dos terceras partes desde el máximo alcanzado en septiembre de 2010, con 12.451 millones de euros en total y 6.082 millones por parte de las empresas controladas por la Generalitat. Desde entonces, el descenso generalizado es de 8.140 millones, del que la mitad corresponde a los entes catalanes.
De hecho, en aquel momento la ratio de apalancamiento sobre el Producto Interior Bruto (PIB) superaba el 1%. Siete años después, el porcentaje general ha caído al 0,4%, según las cifras del BdE. Sin embargo, las empresas catalanas mantienen una deuda del 0,9% del PIB, aunque la han reducido desde niveles cercanos al 3% en el inicio de la crisis.
DEPENDENCIA FINANCIERA
Aun así, estos entes continúan con una deuda de más de 2.000 millones que representa casi la mitad del entramado de empresas autonómicas. Esta realidad supone una muestra más de las dificultades que tendría una Cataluña independiente. Aunque esta hipótesis es imposible constitucionalmente y nadie en el mercado contempla que se produzca en su esquema de expectativas, lo cierto es que el desafío de la Generalitat se produce cuando Cataluña más depende financieramente del resto de España.
Cataluña está entre las regiones que más crece: BBVA Research espera una expansión del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,3% real en 2017 desde los 211.915 millones generados en 2016. Y entre las que más empleo genera: del segundo trimestre de 2016 al mismo periodo de este año incrementó el número de ocupados en 89.200 empleos más, el 17,4% de los 512.300 puestos de trabajo generados en España en un año, según la Encuesta de Población Activa (EPA).
Pero estos fundamentos no son suficientes para que Cataluña tenga una independencia financiera que persigue desde el punto de vista jurídico. De hecho, depende más que nunca del Estado. Y seguirá siendo así al menos hasta 2019, según las previsiones de Moody’s. “Como le pasa a otras regiones, es imposible que emita deuda ahora. Los bonos que aún se intercambian en el mercado lo hacen con mucha volatilidad y una prima muy alta, así como poca liquidez”, advierte un gestor a ‘Bolsamanía’.
De esta forma, lo único que separa a Cataluña de un camino de profundos recortes y subidas de impuestos para evitar la quiebra es el mecanismo de financiación autonómica del Estado. De hecho, el Tesoro es el mayor acreedor de la Generalitat, al acaparar el 54% de su deuda, mientras que en el cuarto trimestre el FLA que gestiona el Ministerio de Hacienda proveerá a la región de 1.971 millones de euros, el 25% del total destinado a las regiones. Así, una hipotética Cataluña independiente -imposible constitucionalmente-, tendría que lidiar sin este apoyo financiero con un elevado nivel de endeudamiento, que alcanza los 77.000 millones de euros, el 35,4% del PIB, según datos del Banco de España.
Las tres grandes agencias de rating estadounidenses, S&P y Fitch además de Moody’s, tienen una nota de solvencia para la deuda catalana de ‘bono basura’, varios escalones por debajo del grado de inversión en todos los casos. En el de S&P, con la misma nota que países como Montenegro, Nicaragua, Kenia o Senegal. Y, durante las próximas semanas, puede que empeore. La calificadora de riesgos puso este miércoles en vigilancia negativa (‘creditwatch negative’) el rating B+ de la deuda catalana por la “confrontación política” entre la Generalitat y Moncloa. En esencia, aunque descarta la independencia como un escenario probable, la agencia teme que esta deriva afecte a los fondos que necesita Cataluña del Estado para hacer frente a los intereses y vencimientos de su deuda.
Además, el objetivo de déficit público pactado por las comunidades y el Gobierno para las regiones es que sea del 0,6% del PIB, aunque la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (AIReF) da únicamente un 40% de probabilidades a su cumplimiento en Cataluña. Es decir, quiera o no, la Generalit depende más que nunca del FLA que gestiona el Ministerio de Cristóbal Montoro, dotado con fondos del Tesoro.