ep carlos torres i francisco gonzalez
Carlos Torres y Francisco González.BBVA
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El Banco Central Europeo (BCE) actuará en BBVA si el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decide imputar a algún miembro del actual consejo de administración de la entidad. Así lo publica este martes en portada 'Expansión', que añade que esta actuación obligaría a revisar la idoniedad de esas personas.

El citado diario informa igualmente de que Carlos Torres, presidente de BBVA, se ha comprometido personalmente con las autoridades de supervisión para darles información sobre la investigación interna. De momento, el BCE sigue de manera permanente los acontecimientos, lo que no significa que vaya a adoptar ninguna medida mientras Castellón no decida si investiga a algún miembro del consejo actual del banco o a la propia entidad como persona jurídica.

'Expansión' añade que, incluso si el juez llamara a declarar al ex presidente del banco, Francisco González, o al banco, esto no implicaría necesariamente que el juez tomara alguna medida. Para que el BCE adoptara algún tipo de medida debería darse la circunstancia de que la investigación judicial llegara a afectar a algún miembro del actual consejo de administración del banco, algo que, a día de hoy, señala el citado diario, no parece estar en el punto de mira del juez o los fiscales.

VILLAREJO VIGILÓ A LOS CRÍTICOS DE GONZÁLEZ EN 2017

'El Mundo' publica este martes que el grupo empresarial del ex comisario José Manuel Villarejo realizó seguimientos a los grupos sociales críticos con BBVA de cara a la junta general de accionistas de 2017, presidida por Francisco González y con Carlos Torres como consejero delegado del banco.

Según el diario, así consta en el correo electrónico remitido por Rafael Redondo, mano derecha del ex comisario, al que fuera jefe de seguridad de la entidad financiera, Julio Corrochano. El socio de Villarejo remitió al jefe de seguridad de BBVA un informe de monitorización realizado a las asociaciones de consumidores y plataformas de ciudadanos que podían suponer una amenaza pública en las redes sociales para la entidad de cara a su junta.

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