El caso Popular queda en manos de un juez sin experiencia en banca

Entre los casos más llamativos a los que se ha tenido que enfrentar Calama Teixeira, que hasta ahora trabajaba en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, se encuentra el ‘caso Mercamadrid’, en el que resultaron investigadas la exdelegada del Gobierno en Madrid Concepción Dancausa y otras quince personas.

El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción sobreseyó la causa que investigaba un supuesto delito de administración desleal del antiguo consejo de Mercamadrid tras la denuncia presentada por Marta Higueras y Carlos Sánchez Mato, concejales de Ahora Madrid, ante la Fiscalía en 2016.

Calama comenzó su carrera judicial hace treinta años y desde entonces ha pasado por los juzgados de instrucción de Sigüenza, Barcelona, Valladolid y Madrid. En esta ciudad, otro de sus casos conocidos fue la causa contra Eduardo Leira, marido de Manuela Carmena, alcaldesa de la ciudad, que fue acusado de un delito contra el derecho de los trabajadores de su estudio de arquitectura. También fue archivado.

El juez Andreu, por su parte, no ha tardado ni una semana en incorporarse a su nuevo puesto desde que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara su nombramiento del pasado 20 de noviembre. En su nuevo cargo deberá encargarse del juicio por los supuestos amaños en contratos de Aena en la trama Gürtel, en el que se estrenará y que comenzará el 10 de diciembre, según informa Europa Press.

A LA ESPERA DE LOS PERITOS

El caso Popular se encuentra actualmente en fase de instrucción y a la espera del informe que los peritos del Banco de España Santiago Jesús Ruiz-Clavijo Ruiz y Pablo Hernández Romeo deben remitir al Juzgado con sus conclusiones sobre las dos piezas en las que se divide la causa.

La primera de ellas es la relativa a la ampliación de capital de 2016. Mediante esta operación, llevada a cabo bajo la presidencia de Ángel Ron, la entidad levantó 2.500 millones de euros, como también lo hizo gracias a una ampliación de capital lanzada cuatro años antes. La segunda de las piezas en la que se divide la causa estudia la publicación de informaciones supuestamente falsas para minar el precio de la acción, algo que ocurrió, presuntamente, durante la presidencia de Emilio Saracho.

Andreu, antes de dejar el caso, ordenó el levantamiento del sumario, lo que permitió conocer que Popular remitió al Banco de España activos duplicados, mal clasificados y sin información suficiente. Lo hizo como garantía para recibir liquidez de emergencia (ELA) mientras experimentaba en sus últimas horas una fuerte crisis de liquidez.

Además, según la documentación a la que tuvo acceso Bolsamanía, la entidad, aunque cumplía en sus últimos días los requisitos mínimos de solvencia necesarios para recibir las líneas de liquidez de emergencia, incumplía un nuevo requisito de capital -denominado directrices de capital de Pilar 2 (P2G)- y tenía un agujero de provisiones en sus activos tóxicos de entre 3.000 y 5.000 millones.