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La instrucción del caso Lezo acorrala al Grupo OHL. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso, ha reclamado esta semana a diversas administraciones públicas información sobre 12 obras licitadas y adjudicadas entre 2002 y 2009 a la constructora OHL y a su filial Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO).
El juez valora imputar a la compañía como persona jurídica al ver indicios de que altos cargos de la constructora destinaron casi 40 millones de euros a sobornos para lograr contratos en varias comunidades autónomas. Los títulos de la constructora han iniciado la sesión de este jueves en rojo, con una caída de más de 1,9%, hasta 1,04 euros por acción, logrando recuperar impulso hacia mitad de sesión.
Estas nuevas diligencias, que forman parte de una pieza separada del caso Lezo, llegan después de las declaraciones ante la Audiencia de varios directivos y exdirectivos de OHL tras descubrirse que uno de ellos, Paulino Hernández, había grabado conversaciones que, según un informe de la Guardia Civil, revelarían el presunto pago "sistemático" de comisiones ilegales a cambio de obra pública por parte del grupo de Juan Miguel Villar Mir.
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El juez también investiga si Javier López Madrid recibió más de 700.000 euros para mordidas por adjudicaciones a la constructora. En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado requiere a la AEAT "para que informe de las cuentas bancarias de la que sea titular la entidad Financiera SIA Capital" con la finalidad de identificar esa transferencia "realizada por la luxemburguesa Lendir Investments SA el 10 de noviembre de 2010 o en fecha próxima".
"En el mes de noviembre de 2010 esa sociedad luxemburguesa recibió 3,4 millones de dólares procedentes de OHL SA a través de una filial mexicana presuntamente, para financiar el pago de comisiones", detalla el auto judicial, que se enmarca en la octava pieza separada del caso Lezo e investiga coimas por importe cercano a 40 millones de euros.
SEIS POLÍTICOS INVESTIGADOS
Junto a la petición de información a diversas administraciones públicas, la investigación de las presuntas comisiones ilegales de OHL a cambio de obra pública ha llevado a que García Castellón impute a seis políticos. Por el momento sólo ha llamado a declarar el próximo 13 de junio a tres de ellos: Abelardo Genaro Moya (excargo de la Junta de Andalucía), José Luis Almazán Palomino (PP de Melilla) y Albino Pardo Rodríguez (exdirector del Puerto de Cádiz).
Los otros tres investigados son Luis Pedro Suárez Trenor, exdirigente de Coalición Canaria (CC) y expresidente del Puerto de Santa Cruz de Tenerife; Luis Manuel Bruno Romero, ex subdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento con el PP; y Antonio Ángel Castro Cordobez, que ocupó el cargo de consejero de Infraestructuras de Canarias y ahora es diputado regional de CC.
