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El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga a la firma de análisis Gotham City, General Industrial Partners LLP (GIP) y varios de sus directivos por supuestamente lanzar al mercado financiero información sesgada y engañosa sobre la credibilidad de Grifols ha requerido a ambas entidades que designen abogado y procurador con el fin de tomarles declaración como personas jurídicas investigadas.
En una providencia, recogida por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, acuerda esta diligencia una vez ha tenido conocimiento por la Policía del domicilio y dirección de correo electrónico de ambas mercantiles, investigadas por un delito contra el mercado y los consumidores tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.
A través del correo electrónico, el juez acuerda informar a ambas personas jurídicas de los hechos que se les imputa en las presentes actuaciones, adjuntándoles copia del auto de admisión de la denuncia de Anticorrupción y de la propia denuncia.
Además, les requiere para que designen un representante, un abogado y un procurador para ese procedimiento, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, se procederá a la designación de oficio de estos dos últimos.
Una vez verificadas las designaciones, indica la resolución, se procederá a la celebración de la comparecencia del artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con el fin de ser oídas las personas jurídicas en calidad de investigadas, una diligencia que se hará con el representante especialmente designado por ambas mercantiles.
Además, el juez pide a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que recabe, a través de sus canales de colaboración, una copia de la resolución del supervisor del mercado bursátil de Estados Unidos (Securities and Exchange Comission), de la que ha tenido conocimiento a través de la prensa económica nacional a internacional, por la que se archivó la investigación abierta a GIP, matriz de Gotham, por estos hechos.
LA DENUNCIA DE ANTICORRUPCIÓN
Cabe recordar que fue el pasado 19 de noviembre cuando Calama admitió la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción para investigar a Gotham City y a su matriz por lanzar información sesgada y engañosa sobre la credibilidad de Grifols con objeto de inducir a sus inversores a vender las acciones de esta farmacéutica, que cotiza en la bolsa española y forma parte del Ibex35, provocando una caída del precio que le generaría un beneficio a las dos mercantiles denunciadas.
El magistrado, en el auto por el que admitía la denuncia, consideró que podría haberse cometido un delito tipificado en el artículo 284.1.2º del Código Penal que sanciona "a quien de manera directa o indirecta o a través de un medio de comunicación, por medio de Internet o mediante el uso de tecnologías de la comunicación o información o por cualquier otro medio difundieren noticias o rumores o transmitieren señales falsas o engañosas sobre personas o empresas".
Todo ello, añadía, "ofreciendo a sabiendas datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preserva el precio de cotización de un instrumento financiero".
En el caso analizado, el magistrado recogía los mensajes publicados por Gotham entre el 8 y el 9 de enero en la antigua Twitter, actualmente X, en donde incluía un informe sobre Grifols que concluía que las acciones de la farmacéutica valían 0 euros.
PÉRDIDAS DE 3.814 MILLONES DE EUROS
Como consecuencia de ese informe, el mismo día 9 de enero las acciones de Grifols alcanzaron antes del cierre de la sesión unas pérdidas de 3.814 millones de euros.
En ese mismo documento, añadía el juez, Gotham informó de que es una filial de General Industrial Partners LP y que esta mantenía una posición corta en Grifols, superior al 0,5% del capital social. Tras la publicación del informe de Gotham, la posición corta de aquella se redujo drásticamente al 0,06%.
Operar en posiciones cortas, explicó el magistrado, "implica vender acciones de las que no se es propietario y que se han tomado en préstamo, para venderlas ventajosamente, debiendo posteriormente comprar a fin de devolver las acciones prestadas".
"La ganancia radica en la diferencia entre el precio de venta la acciones y el de compra de las acciones (o recompra de lo vendido)", proseguía el juez, que concluye que esta operativa supuso para General Industrial Partners una plusvalía superior a 9,4 millones de euros.
