La Audiencia Nacional ha acogido este martes la declaración de Reyes Calderón, quien fuera presidenta de la comisión de nombramientos de Popular y a quien Ángel Ron acusa directamente de urdir su plan de sucesión. El magistrado instructor, los fiscales y su propio abogado le han cuestionado durante más de tres horas por varias cuestiones, entre ellas, por el supuesto plan de Emilio Saracho para hundir el precio de la acción y vender el banco a bajo precio. "Eso es una novela", ha explicado, según apuntan fuentes jurídicas presentes en la declaración.
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A lo largo de su declaración, Calderón se ha limitado a defender que ella hizo lo que debía hacer teniendo en cuenta el cargo que ostentaba en el banco como presidenta de la comisión de nombramientos del consejo y que su trabajo se limitaba a la gobernanza de la entidad, sin entrar a valorar las gestiones de Ángel Ron ni de Emilio Saracho, de acuerdo con las mismas fuentes.
De hecho, Calderón ni siquiera ha opinado sobre la ampliación de capital que el banco lanzó en mayo de 2016 por unos 2.500 millones de euros. Se ha escudado en que cuando se decidió poner en marcha esta operación el banco no había recibido aún el resultado del fit and proper de su nombramiento por parte del Banco Central Europeo, es decir, la evaluación a la que somete el supervisor a los futuros consejeros de la banca.
Calderón ha comparecido después de que lo hubieran hecho tanto Miguel Ángel del Solís, exrepresentante de la Sindicatura de Accionistas de Popular en su consejo de administración, y José Ramón Estévez, también exconsejero de la entidad. La exconsejera estaba citada a las 11,30 horas.
De acuerdo con fuentes jurídicas presentes en la declaración, Del Solís ha defendido ante el magistrado José Luis Calama que no recuerda nada de lo que ocurrió en los últimos meses de vida en solitario de Popular, aunque sí ha explicado al juez que los accionistas de la Sindicatura perdieron unos 20 millones de euros con la amortización de instrumentos financieros que conllevó la resolución del banco.
En cuanto a Estévez, interrogado sobre la ampliación de capital de 2016 ha defendido, al igual que Calderón, que él aún no era consejero de pleno derecho dado que no se incorporó al consejo hasta después de la operación. En todo caso, sí tuvo que dar como consejero el visto bueno a las cuentas de 2016, pero ha defendido que estos resultados no solamente estaban avalados por PwC, el auditor del banco, sino también por informes de otras consultoras, como EY, de acuerdo con otras fuentes jurídicas.
