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Estand de Intel en el Mobile World Congress (MWC) 2023. David Zorrakino - Europa Press - Archivo
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La Comisión Europea ha anunciado este viernes que ha vuelto a imponer una multa de 376,36 millones de euros a Intel por un abuso de posición dominante en el mercado de chips informáticos.

La decisión se produce tras la anulación parcial por el Tribunal General de la Unión Europea (UE) en 2022 de una multa de 1.060 millones de euros que la Comisión impuso a Intel en 2009 por intentar bloquear a su rival Advanced Micro Devices concediendo descuentos a los fabricantes de ordenadores por comprar la mayoría de sus chips a Intel.

En concreto, la Comisión concluyó que Intel había abusado de su posición dominante al conceder descuentos total o parcialmente ocultos a los fabricantes de ordenadores a condición de que compraran todas, o casi todas, sus CPU x86 a Intel. Además, la compañía pagaba a los fabricantes de ordenadores para que detuvieran o retrasaran el lanzamiento de productos específicos que contuvieran CPU x86 de competidores y limitaran los canales de venta disponibles para estos productos (las llamadas "restricciones manifiestas"). Las restricciones manifiestas constituyen una infracción grave.

En 2014, el Tribunal General desestimó el recurso de Intel contra la Decisión de la Comisión de 2009 (T-286/09). A raíz de un recurso de Intel, en 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló la sentencia del Tribunal General de 2014 y devolvió el asunto al Tribunal General (C-413/14 P). Al mismo tiempo, el Tribunal de Justicia aclaró las condiciones para establecer cuándo los descuentos condicionados pueden equivaler a una infracción de las normas de competencia de la UE. El Tribunal de Justicia pidió al Tribunal General que revisara si los descuentos condicionales podían restringir la competencia a la vista de determinadas pruebas económicas que Intel había invocado ante el Tribunal General en 2014.

En su nueva decisión, la Comisión dijo que la multa se basaba ahora en los pagos realizados por Intel entre 2002 y 2006 a los fabricantes de ordenadores Hewlett Packard (HP), Acer y Lenovo para detener o retrasar el lanzamiento de productos específicos que contenían CPU x86 de la competencia.

El año pasado, el Tribunal confirmó que estos pagos habían constituido un abuso de poder de mercado, según la Comisión, pero suprimió la multa total porque no estaba claro hasta qué punto la sanción estaba relacionada con estas prácticas.

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