- La CE acusó formalmente a la compañía en abril de abuso de posición
- Google solicitó un plazo adicional para responder al pliego de cargos
La Comisión Europea ha dado a Google dos semanas para responder a las acusaciones contra la compañía el pasado 15 de abril por abusar de su posición de dominio como buscador de Internet.
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Así, el Ejecutivo comunitario amplía el plazo hasta el 31 de agosto para establecer una respuesta ante un posible caso de posición dominante. En declaraciones a Efe, el portavoz comunitario Ricardo Cardoso ha señalado que “la Comisión ha aceptado la petición de Google de ampliar el plazo para responder a su pliego de cargos por un período adicional de dos semanas”.
"Google solicitó un plazo adicional para responder al pliego de cargos. En consonancia con la práctica habitual, la Comisión analizó las razones de la solicitud. Como resultado, se ha concedido una prórroga que permite a Google ejercer plenamente su derecho a la defensa", explica Cardoso.
El portavoz ha recordado que el envío de los cargos a la compañía "no prejuzga el resultado final de la investigación". De esta manera, la Comisión Europea todavía debe "examinar cuidadosamente la respuesta de Google antes de tomar cualquier decisión sobre la forma de proceder".
La Comisión Europea todavía debe "examinar cuidadosamente la respuesta de Google antes de tomar cualquier decisión sobre la forma de proceder"
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CARGOS CONTRA GOOGLE
El pasado 15 de abril, Bruselas acusó formalmente a Google de abusar de su posición de dominio en las búsquedas en Internet al favorecer "sistemáticamente" su producto de comparación de compras, Google Shopping, en su buscador. Además, anunció la apertura de una investigación antimonopolio contra Android, su sistema operativo para dispositivos móviles.
Entonces, la Comisión envió un pliego de cargos con sus acusaciones formales a la compañía y dio a Google un plazo de diez semanas para responder, que ahora ha sido ampliado. Esta acción se produjo más de cinco años después de haberle abierto una investigación.
En 2010, Bruselas abrió una investigación para averiguar si el modelo de negocio de Google suponía un abuso de dominio que restringiera la competencia en las búsquedas y la publicidad online.
Durante su mandato, el anterior responsable de Competencia, Joaquín Almunia, apostó por llegar a un acuerdo con Google que hiciera legalmente vinculantes los compromisos ofrecidos por la empresa para disipar las dudas de Bruselas. Sin embargo, rechazó la oferta de la compañía ante la continuación de las quejas de los competidores y pidió a la empresa una nueva propuesta.
En caso de que Google no se ciña a las exigencias de la Comisión, el organismo podría imponerle una multa de hasta el 10% de su facturación, que equivaldría a más de 5.600 millones de euros según las cuentas de 2014.
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