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Reuters
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Las acciones de Apple han caído este lunes un 1,54% en el Dow Jones en una jornada de números rojos para los mercados de todo el mundo tras el nuevo órdago arancelario de Donald Trump a China. El presidente americano ha anunciado que, a partir del viernes, aumentará del 10% al 25% los impuestos sobre exportaciones chinas por valor de 200.000 millones de dólares. Un hecho que sin duda está afectando a empresas de consumo como Apple, además en una sesión en la que se está viendo afectada por una posible sanción.

La Comisión Europea abrirá "en las próximas semanas" una investigación formal antimonopolio sobre Apple, después de que la plataforma de distribución de música en 'streaming' Spotify denunciara el pasado mes de marzo ante Bruselas al fabricante del iPhone por competencia desleal, según informa el diario 'Financial Times'.

Las autoridades de Competencia de la UE han decidido abrir un procedimiento formal sobre la conducta de Apple, después de haber recibido las quejas de Spotify y realizado consultas al respecto entre consumidores, empresas rivales y otros actores del mercado, según señalaron tres personas conocedoras de la situación.

En su denuncia del pasado mes de marzo, Spotify acusaba a Apple de actuar como "jugador y árbitro" para poner en desventaja al resto de desarrolladores, ya que la compañía de Cupertino no solo es dueña de la App Store, la tienda de aplicaciones de los dispositivos de Apple, sino que también opera Apple Music, que es un "competidor directo" de Spotify.

El consejero delegado y fundador de Spotify, Daniel Ek, explicaba entonces que Apple obliga a Spotify y otros servicios digitales a pagar una comisión del 30% por cada compra realizada mediante su sistema de pagos, algo que "inflaría artificialmente" el precio de las suscripciones de Spotify por encima del de Apple Music.

En cambio, si Spotify decide no usar el sistema de pagos de Apple, la dueña del iPhone "aplica una serie de restricciones técnicas y que limitan la experiencia" de usuario. La empresa radicada en Estocolmo ha asegurado que, en ciertos casos, no pueden mandar correos electrónicos a los usuarios de su aplicación en dispositivos de Apple.

Debido a esto, la firma solictó a los servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario que todas las aplicaciones, incluidas las desarrolladas por Apple, se sometan a las "mismas reglas", así como que los consumidores tengan "libertad de opción real" en lo referido a los sistemas de pagos.

APPLE RECHAZA LAS ACUSACIONES

Por su parte, Apple contestó en su momento a las acusaciones vertidas por Spotify afirmando que la compañía de distribución de música en 'streaming' busca beneficiarse de las ventajas de las app gratuitas sin serlo, empleando para sus fines una retórica engañosa, rechazando las acusaciones de bloquear el acceso de Spotify a productos y actualizaciones de Apple.

Asimismo, el dueño del iPhone y la App Store indicó en respuesta a la acusación de Spotify que esta "pretende disfrutar de las ventajas de las aplicaciones gratuitas sin serlo", señalando que únicamente exige una contribución económica a aquellas aplicaciones que hacen uso del sistema de pagos seguros de Apple para comercializar bienes y servicios en las apps.

A este respecto, además, la firma dirigida por Tim Cook apuntó que en su denuncia del cobro de una comisión del 30% Spotify había olvidado indicar que esta se reduce al 15% después del primer año de suscripción, añadiendo que la mayor parte de clientes hacen uso de la versión gratuita de Spotify, que incorpora anuncios publicitarios, por la que la compañía sueca no paga a App Store.

Los reguladores de la UE han puesto frecuentemente a Apple en su punto de mira. En este sentido, en 2017 el departamento de Margrethe Vestager, comisaria de Competencia de la UE, forzó a la compañía estadounidense a devolver 13.000 millones de euros en beneficios fiscales obtenidos por la multinacional en Irlanda, decisión contestada por Apple y el Gobierno irlandés.

Las autoridades de la UE pueden obligar a las empresas a modificar su modelo de negocio e imponer multas de hasta el 10% de su facturación, aunque estas investigaciones pueden dilatarse durante años, según apunta el rotativo, añadiendo que las empresas pueden acelerar los procedimientos y evitar multas comprometiéndose a adoptar cambios.

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