Quinn Emanuel, que actúa como representante legal de los fondos Anchorage y Algebris, ha vuelto a presentar, por segunda vez, una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que solicita la anulación de la resolución de Banco Popular, al considerar que la Junta Única de Resolución (JUR) no cumplió con el derecho comunitario al llevar a cabo tal procedimiento, inédito en todo el sistema bancario del Viejo Continente.
"De conformidad con los artículos 256 (1), 263 y 264 del Tratado de Funcionamiento de la UE se solicita la anulación de la decisión de la JUR, ya que no realizó el informe de valoración definitivo de Banco Popular, en virtud del obligado cumplimiento del artículo 20 (11) del reglamento de Resolución (UE) 806/2014 de 15 de junio de 2014", recoge la solicitud, de la que se hace eco Europa Press.
Los bonistas explican en el documento que el reglamento europeo establece unas normas y un proceso "uniforme" en el marco de la resolución de las entidades de crédito y determinadas empresas de inversión, por lo que ven imprescindible que se corrijan los errores "en aras de la seguridad jurídica y para evitar el riesgo de que se repita esta conducta ilegal en el futuro".
Esto es particularmente relevante en el caso de Anchorage y Algebris, que "poseen y es probable que posean" deuda u otros instrumentos de inversión similares a los que mantenían en Popular en otras entidades bajo la jurisdicción del organismo presidido por Elke König. Por lo tanto, tienen un claro interés en la anulación de la decisión para que las irregularidades no vuelvan a acometerse en otros casos.
Al mismo tiempo, los afectados aseguran que, aunque la consecuencia única de una anulación de la decisión no sería una estimación más alta del valor del activo neto del banco resuelto, que fue comprado por Banco Santander al simbólico precio de 1 euro y se acusa a la JUR de no procurar elevar la contraprestación, es "muy probable" que sí ocurra.
"Sería suficiente que la anulación de la decisión impugnada proporcione una oportunidad para que los solicitantes considerados admisibles obtengan este beneficio, al exigirle a la JUR que prepare un informe de valoración definitivo que respalde los recursos de los acreedores afectados o plantee un aumento de la contraprestación", subrayan.
De igual forma, los fondos también apuntan que la JUR infringió el artículo 296 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que le obliga a dar explicaciones por su decisión de no realizar el informe. "La ley le obliga a indicar los motivos en los que se basó para no llevar a cabo el documento definitivo", añaden. Los bonistas entienden que es "motivo suficiente" no cumplir con este artículo para que la Justicia anule el procedimiento.
En definitiva, Anchorage y Algebris solicitan al TJUE que la decisión de resolución de Banco Popular sea anulada y que se ordene a la JUR a asumir los costes legales de los demandantes.
