La red social de viajes de coche compartido, Blabacar, presentó a través de su matriz, Comuto SA, presentó el lunes una denuncia contra España ante la Comisión Europea por las sanciones administrativas llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid contra dos de los usuarios de la plataforma y contra la propia empresa.
Desde el organismo público se sancionó a dos usuarios que realizaban la función de conductores de conductores de Blablacar por ánimo de lucro. Además ha abierto tres expedientes a la empresa, según recoge la compañía en su comunicado: dos por facturar los servicios y uno más por ofertar servicios de trasporte sin tener licencia de transporte.
La multa de la Comunidad de Madrid a la compañía se ha elevado hasta los 8.800 euros y, con respecto a los usuarios, el organismo que preside Cristina Cifuentes les ha sancionado con 4.001 euros a cada conductor.
La empresa anuncia que las sanciones están en proceso de recurso también en España vía administrativa y en las posteriores instancias judiciales
BLABLACAR APUNTA QUE NO ES UNA EMPRESA DE TRANSPORTE
Jaime Rodríguez de Santiago-Concha, director general de Blablacar España, apunta que “las sanciones impuestas por la Comunidad de Madrid se basan en la exigencia de unas licencias que ni BlaBlaCar, ni sus usuarios, necesitan en ninguna parte de Europa y que, aunque quisieran, les sería imposible obtener en España. Esto es un claro obstáculo a la libre prestación de nuestros servicios”.
Desde la empresa anuncia que las sanciones están en proceso de recurso también en España vía administrativa y en las posteriores instancias judiciales previstas en la Ley nacional, por lo que todavía no son firmes.
DAÑO REPUTACIONAL
Además, Rodríguez ha apostillado que "la Comunidad no ha aportado ni explicación ni cálculo que sostenga esa afirmación y tampoco existe en España un umbral legal que marque la diferencia entre la compartición de gastos y la obtención de un beneficio económico",
"Altos cargos de la administración madrileña han declarado que el servicio de Blablacar no es legal", ha subrayado Rodríguez, al tiempo que ha denunciado que "estas declaraciones públicas producen un grave daño reputacional a la compañía al sembrar dudas sobre la legalidad de su actividad", lo que "no ha hecho ninguna administración durante los siete años que la compañía lleva operando".
Las sanciones, según ha expuesto Rodríguez, "están en proceso de recurso en España en vía administrativa y en las posteriores instancias judiciales", por lo que "todavía no son firmes".
El directivo de Blablacar, web que pone en contacto a personas que quieren compartir trayecto en coche, ha explicado que tras estas sanciones, "el número de usuarios de la compañía no ha disminuido. No obstante "ha aumentado el número de dudas". "Pero confiamos en nuestros usuarios", aseguró.
Rodríguez ha añadido que "las prácticas administrativas efectuadas por la Comunidad vuelven a situar a España en una excepción incomprensible en Europa", ya que "obstaculiza una actividad que tiene más de 400.000 usuarios sólo en la propia Comunidad de Madrid".