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Las dudas sobrevuelan el proyecto de mina de uranio de Berkeley en Retortillo (Salamanca) y la empresa ha expresado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no recibirá nada bien un 'no' por respuesta.
"Hay que tener en cuenta que la compañía cuenta actualmente con derechos legales, válidos y consolidados para la investigación y explotación de sus proyectos mineros, incluyendo una licencia minera válida por 30 años (renovable por dos períodos adicionales de 30 años) para la mina de Salamanca. No es aceptable la aprobación de cualquier modificación que suponga una medida retroactiva que expropie los derechos legales de Berkeley sin justificación alguna", advierte.
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Berkeley se refiere en una nota enviada a la CNMV a las últimas informaciones publicadas tras una reunión de la Comisión de Transición Ecológica celebrada este jueves, 8 de abril. En dicha reunión se discutió la aprobación de una enmienda al proyecto de ley de cambio climático y transición energética relativa a la investigación y explotación de minerales radiactivos, entre ellos el uranio.
Berkeley entiende que la Comisión revisó y aprobó la enmienda modificada propuesta por la Ponencia de Transición Ecológica en febrero de 2021. Bajo esta enmienda modificada propuesta por la Ponencia las nuevas solicitudes de concesiones de explotación de materiales radiactivos y sus prórrogas no serán aceptadas a partir de la entrada en vigor de esta ley. Por su parte, las concesiones existentes, así como los expedientes abiertos y las solicitudes relacionadas con las mismas, continuarían con normalidad sobre la base de la legislación actual.
La minera reconoce que está esperando la publicación del texto detallado de la enmienda aprobada para confirmar el contenido. En todo caso, remarca que, en función de ésta, los derechos existentes para las concesiones de exploración e investigación seguirán durante su período de validez. "Los procedimientos existentes en curso también continuarían bajo el marco legal establecido por la normativa actual", añade.
La enmienda al proyecto de ley de cambio climático y transición energética aprobada por la Comisión debe ahora ser revisada y aprobada o rechazada por el Senado.
Berkley concluye que su posición "sobre modificaciones adversas que puedan incluirse en el proyecto final de ley de cambio climático y transición energética es clara: la prohibición de actividades económicas en España sin razones justificadas es contraria a la Constitución Española y a los derechos legales reconocidos por otros instrumentos internacionales".
