La historia del despido de Jorge Pérez Ramírez, quien fuera responsable de Normativa Contable del Banco de España hasta el pasado verano, tiene dos versiones. Por una parte, la del afectado, que considera que el supervisor le ha represaliado por ser crítico con la salida a bolsa de Bankia, tanto en el momento de la operación como durante el juicio del caso Bankia. Por otra, la de la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos, que emitió una larga carta de despido disciplinario contra Pérez acusándole de filtrar información confidencial a periodistas y académicos. Decidir cuál de estas dos versiones quedará sobre el papel está en manos de la titular del juzgado encargado de este caso, Carmen Rodrigo, que escuchó a las partes, con sus testigos y sus peritos, el jueves y dejó el proceso en visto para sentencia.
Las causas que la defensa de Pérez arguye que están detrás del despido de Jorge Pérez se remontan a finales de 2010, cuando siete cajas de ahorros se encontraban gestando la integración en el sistema de protección institucional (sip) que dio lugar a BFA, matriz de Bankia. Ya entonces, al ser requerida su opinión profesional, Pérez se manifestó contrario a la operación al considerar que las cajas eran “una bomba de relojería”.
Pérez volvió a mostrar su oposición en julio de 2011, cuando la entidad debutó en el mercado bursátil, y una vez más el pasado mes de mayo, cuando acudió como testigo a declarar en el juicio del caso Bankia. En sede judicial explicó que, en su opinión, del precio de salida que recogía el folleto de la operación no se desprendía “la imagen fiel” de Bankia.
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Relató, incluso, que cuatro o cinco días después de que se aprobara el folleto de salida a bolsa de la entidad (30 de junio de 2011) un compañero del Banco de España le comunicó que un diario digital estaba poniendo “por el cielo el precio”, tras lo cual Pérez se preocupó y alertó a sus superiores en una “nota de urgencia” de que “se estaba ofreciendo un rango de precio en el folleto que presentaba una contradicción absoluta con los estados financieros que el propio folleto contenía y no podía ser aquello”.
A raíz de estas críticas de Pérez, “se desencadenan las maniobras” por parte del Banco de España para, supuestamente, propiciar su despido, según explicó su representación legal durante la vista.
SUPUESTAS FILTRACIONES
Sin embargo, la versión del Banco de España dista mucho de la anterior y tiene más que ver con supuestas filtraciones realizadas por Pérez en relación con información confidencial del banco. La defensa del supervisor explicó durante la vista a lo largo de dos horas que la salida de Pérez del Banco es fruto de una investigación que se inició en octubre de 2018, cuando el periodista Ernesto Ekaizer publicó en su cuenta de Twitter un extracto de un correo que el entonces saliente director general de Supervisión, Julio Durán, envió a su equipo anunciándole su salida de la institución.
Esta investigación sacó a la luz decenas de correos intercambiados por Pérez con periodistas, pero también con autoridades relevantes como la vicepresidenta de la CNMV, Ana María Martínez Pina, o el actual presidente de la AEB, José María Roldán, entre muchos otros.
Al frente de la investigación se puso a una instructora, tarea que recayó en Cristina Taboada, quien tomó declaración a Pérez. Durante el interrogatorio, en el que se le preguntó directamente si conocía a Andrés Herzog, abogado que inició la causa penal por la salida a bolsa de Bankia en representación de la Confederación Intersindical del Crédito (CIC), el despedido “incurrió en contradicciones” al aclarar si reenvió el correo, conocía o no al periodista y respecto a otras cuestiones, al tiempo que reconoció que daba información del sistema financiero a terceras personas, de acuerdo con la versión emitida por los abogados del Banco de España.
CONTRATACIÓN DE DELOITTE
Con el objetivo de conocer qué información había salido del Banco de España presuntamente a través de Pérez, el supervisor contrató a Deloitte Financial Advisory, que realizó el peritaje informático y concluyó que así había sido. Para la representación legal de Pérez, este contrato representa un conflicto de intereses teniendo en cuenta que la adjudicataria pertenece al mismo grupo que la auditora externa de Bankia, que está imputada como persona jurídica en la causa penal, al igual que su socio Francisco Celma.
Otro hecho no casual para la representación legal de Pérez es que entre los correos que salieron a la luz se destacaron los intercambiados con Martínez Pina, que durante años ocupó la presidencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), órgano que multó a Deloitte con más de 10 millones por un conflicto de interés después de que la firma realizara varios trabajos tras haber auditado las cuentas de Bankia.
La defensa del Banco de España, sin embargo, desvincula la auditoría de Bankia con este peritaje y defiende que adjudicó a la firma esta tarea a través de un contrato menor. Acusan a Pérez no solo de pasar información a periodistas, sino de ayudar al ex director general de Supervisión del Banco de España Aristóbulo de Juan a redactar una reclamación contra la Junta Única de Resolución (JUR) por la intervención de Popular.
La versión de despedirle por ser díscolo en relación con la causa penal de Bankia al Banco de España le parece un sinsentido. Según su defensa, existe una “absoluta desconexión cronológica” entre ambos acontecimientos. Además, explica que otros inspectores fueron críticos con el Banco de España durante el juicio de Bankia y no han sido supuestamente represaliados. Es el caso de José Antonio Casaus o de José Antonio Delgado, que explicó que el sip fue una operación para “maquillar el muerto”.
Con todo, será tarea de la jueza de lo Social encargada del caso dirimir cuál de las dos versiones completará la historia del despido del ex jefe contable díscolo y determinar si procede la correspondiente indemnización por su sueldo, que en el último año sumó 132.163,2 euros. Por el momento, el caso queda visto para sentencia.