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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado levantar el secreto de las actuaciones de la investigación de los contratos del BBVA con José Manuel Villarejo que se sigue en el llamado caso Tándem. En el auto, el juez señala que el banco abonó más de 10 millones de euros al excomisario de Policía, actualmente en prisión, y que los trabajos que este realizó para BBVA implicaron "una injerencia en los derechos fundamentales" de los rivales del banco.
Según explica el magistrado en su auto de levantamiento del secreto de las actuaciones, ha mantenido la pieza en secreto hasta ahora con el objetivo de estudiar "las sucesivas contrataciones del entonces comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo por parte de altos directivos de la entidad" que en 2018 no estaban "plenamente identificados", a excepción del responsable de Seguridad Corporativa Julio Corrochano, quien también era antiguo miembro del Cuerpo Nacional de Policía.
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García Castellón apunta que la contratación de las empresas de Villarejo tenían por objeto "el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia de carácter patrimonial", y de carácter "ilícito" teniendo en cuenta "la incompatibilidad de los encargos asumidos por su entramado empresarial Grupo Cenyt con su condición de funcionario policial en activo".
El juez argumenta que esa actividad de Villarejo podría constituir "un delito de cohecho pasivo", y añade que el desarrollo de la prestación de los servicios contratados "implicó una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria".
Por su parte, fuentes de BBVA explican que la entidad ha trasladado a la causa "toda la documentación relevante" obtenida en la investigación interna "de manera proactiva", pero que, en todo caso, la investigación que ha de prevalecer es la de la Audiencia Nacional. Su representante legal, Adolfo Fraguas, que declaró durante tres jornadas ante el juez, ya defendió que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad para la entidad.
13 AÑOS DE TRABAJO POR 10 MILLONES DE EUROS
La decisión del juez instructor llega después de que la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción pidiera el levantamiento del secreto. Tras esto, las partes personadas en esta pieza separada, la número 9 de la macrocausa sobre las actividades del expolicía, podrán tener acceso a las actuaciones realizadas durante más de un año de instrucción, tiempo en el que se ha investigado la relación entre Villarejo y el banco, la cual se habría prolongado durante 13 años con una facturación de unos 10 millones de euros.
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Desde que se abrió la pieza, en diciembre de 2018, el magistrado instructor ha imputado a más de una decena de personas, incluido el propio Villarejo y al BBVA en calidad de persona jurídica, además de ex altos cargos de la entidad. También figura en la lista de investigados Julio Corrochano, expolicía y exjefe de seguridad del banco que habría actuado como interlocutor para el desarrollo de los contratos.
Salvo el expresidente de la entidad Francisco González, el exejecutivo Antonio Béjar --que ha comparecido varias veces-- y el BBVA, cuyo representante legal, Adolfo Fraguas, estuvo declarando durante 14 horas repartidas en tres días, todos los imputados en esta pieza optaron por acogerse a su derecho a no declarar cuando fueron citados en la Audiencia Nacional al no haber tenido acceso a las actuaciones.
Ante el juez y los fiscales anticorrupción, el representante legal de BBVA eximió de responsabilidad a la entidad financiera de las decisiones que pudieran haber adoptado personas físicas durante la presidencia de Francisco González, a quien no llegó a señalar explícitamente pero de quien deslizó en varias ocasiones que difícilmente habría desconocido las relaciones del banco con Villarejo.
Los contratos objeto de las pesquisas van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la presunta extorsión de Ausbanc, pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.
Coincide que el juez ordena el levantamiento del secreto una vez comenzado el juicio en la Audiencia Nacional contra Ausbanc y su presidente, Luis Pineda, precisamente por la supuesta extorsión entre otros al BBVA, cuando en el 'caso Tándem' también se investiga si ese procedimiento se desencadenó por una denuncia anónima interpuesta por Villarejo como 'encargo' de la propia entidad financiera o alguno de sus ejecutivos.
Según la factura emitida por la empresa Club Exclusivo de Negocios y Transacciones, asociada al comisario jubilado, a la que tuvo acceso Europa Press, el BBVA pagó en junio de 2015 al menos 211.750 euros a esta mercantil para que investigase a Pineda y la actividad de Ausbanc.
