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Ni 24 horas han pasado desde que se conociera que la Audiencia Nacional ha llamado a declarar como persona jurídica a la representación legal del BBVA por el caso 'Villarejo', y la entidad ya tiene perfilada su hoja de ruta. El banco presidido por Carlos Torres ha encargado a Garrigues y Uría Menéndez su defensa en la causa penal en la que fue imputada hace un mes.
Se trata de los dos bufetes a quienes encargaron, junto a la consultora PwC, su investigación interna. La entidad y los despachos no ven posible conflicto de interés en que los mismos encargados de 'auditar' sean los que defiendan penalmente al banco, ya que lo principal es que están colaborando con la justicia en ambos encargos.
El próximo 24 de septiembre es la fecha elegida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. BBVA, que solicitó sin éxito personarse en la causa como persona jurídica perjudicada, está investigada por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por unos encargos que van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la supuestas extorsión de una asociación de consumidores pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.
Para la declaración como imputado, BBVA aún tiene que decidir quién será su representante. La entidad ha optado por que lo haga alguien de la casa, y no un abogado externo. Aunque no hay nada oficial, en el entorno del banco se especula con que sea María Jesús Arribas, directora global del área legal, o alguien de su equipo. Arribas ya fue una de las seleccionadas para iniciar la investigación interna cuando se puso en marcha en junio de 2018.
