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BBVA ha advertido por primera vez a los inversores del riesgo de ser sancionado tras su imputación en el caso Villarejo, el procedimiento judicial que investiga el supuesto espionaje masivo llevado a cabo por el banco a través de Grupo Cenyt, la empresa del excomisario de Policía José Manuel Villarejo. La advertencia es lógica teniendo en cuenta que la entidad se encuentra imputada desde finales de julio y, como explicó Bolsamanía, las consecuencias que tendría que afrontar si fuera declarada culpable van desde las multas hasta la disolución del banco.
En un folleto remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) con motivo de la emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones ordinarias de la entidad, las conocidas como CoCos, que cerró ayer por valor de 1.000 millones de dólares (902,3 millones de euros), el banco ha informado a los inversores de los posibles riesgos a los que se enfrenta el grupo, como adelantan La Información y El Economista.
En documentos similares enviados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BBVA ha puesto al corriente a los inversores en varias ocasiones tanto del procedimiento judicial que le investiga como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios, como de la interna encargada por el propio banco a Uría Menéndez, PwC y Garrigues.
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Aunque en dichas ocasiones advirtió de la imposibilidad de predecir el posible resultado o implicaciones para el grupo, en el nuevo folleto ha mencionado, por primera vez, la posibilidad de que BBVA resulte multado.
"El proceso judicial se encuentra en una etapa preliminar y, actualmente, bajo secreto de sumario. Por lo tanto, no es posible en este momento predecir el alcance o la duración de dicho procedimiento o cualquier otro relacionado ni de sus posibles resultados o implicaciones para nosotros, incluidas multas o daños a nuestra reputación", apunta el documento remitido a la SEC.
BBVA ha reiterado que colabora de manera proactiva con las autoridades judiciales españolas, remitiendo los hallazgos de su investigación forensic sobre la posible relación de la entidad con la firma Cenyt, aunque no puede divulgar información debido al requerimiento legal de no interferir con la investigación judicial.
Durante la presentación de resultados del primer semestre celebrada el pasado 31 de julio, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, aseguró que el caso Villarejo no había impacto en el negocio de forma directa, pero sí que reconoció su efecto negativo sobre la reputación de la entidad.
En cualquier caso, en uno de sus últimos folletos la entidad sí advirtió de que cualquier fallo "real o percibido" en el cumplimiento de sus principios éticos o de sus obligaciones regulatorias "podría dañar su reputación, someterlo a un escrutinio regulatorio adicional o afectar negativamente al negocio, las condiciones financieras y los resultados de las operaciones del grupo".
PERSONA JURÍDICA INVESTIGADA
El banco presidido por Carlos Torres está siendo investigado en la novena pieza separada del caso Villarejo por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por unos encargos que van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la supuestas extorsión de una asociación de consumidores pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, acordó que la representación legal del BBVA acuda a declarar como persona jurídica investigada el próximo 24 de septiembre.
