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Banco Santander tendrá que indemnizar con 68 millones de euros a Andrea Orcel por su fichaje frustrado como consejero delegado. Así lo ha estimado el juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid, que da la razón al banquero italiano al considerar que "el contrato fue resuelto de manera unilateral e injustificada por parte de Banco Santander".
"Puede entenderse que la decisión en contra por parte del Banco, tomada en fecha 15 de enero de 2019, le produjera una considerable frustración, desasosiego, incertidumbre y un cierto descrédito en el ámbito bancario, por lo que claramente se considera que la situación creada por Banco Santander produjo un evidente daño moral al Sr. Orcel, y que, atendidas las referidas circunstancias y el nivel de retribución que venía percibiendo en la entidad UBS y que esperaba recibir en Banco Santander, la cantidad reclamada en concepto de daño moral no se considera excesiva", señala la sentencia del Juez Javier Sánchez Beltrán.
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Santander se mantiene tranquilo en bolsa tras el varapalo de OrcelEn concreto, la suma total de la indemnización sale de los 10 millones en concepto de daños morales y reputacionales, 5,8 millones en concepto de dos anualidades del salario, 17 millones en concepto de bonus de incorporación y 35 millones por asunción de incentivos a largo plazo.
Desde Santander aseguran que respetan la decisión judicial, pero van a recurrirla. "Respetamos las decisiones judiciales, pero estamos en total desacuerdo con la sentencia conocida hoy. El consejo de Santander confía en ganar el recurso que presentaremos ante la Audiencia Provincial, como ya ha ocurrido en las dos querellas penales planteadas en los tribunales en relación con este asunto", dicen.
Orcel denunció hace dos años y medio a la entidad española al considerar que se incumplió el compromiso de contratarle como consejero delegado en 2019. En principio reclamaba una indemnización de 112 millones que después rebajó a 76 millones
Hay que recordar que Santander hizo público el nombramiento de Orcel, antiguo directivo de UBS, en septiembre de 2018. Cuatro meses después, y en una decisión sorprendente, anunció que daba marcha atrás. La entidad ha alegado en todo momento que su decisión se debió a la demandas económicas de Orcel y a su fracaso a la hora de hacer "todos los esfuerzos posibles" para reducir el coste que su nombramiento suponía para el banco.
"Como banco comercial, teníamos que sopesar el alto coste de contratar a un profesional, aunque sea alguien del talento de Andrea Orcel, a quien había que compensar la pérdida de siete años de salario diferido, con nuestra cultura corporativa, que implica compromiso y responsabilidad con nuestros empleados, clientes y accionistas. Por eso, el consejo y yo misma, estamos convencidos de que, pese a que resulta una decisión difícil, hemos tomado la correcta", señaló entonces la presidenta del banco, Ana Botín, a través de un comunicado.