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La Junta General de Accionistas de Banco Sabadell, reunida hoy con carácter ordinario en Alicante, ha aprobado el nombramiento de David Vegara (ex secretario de Estado de Economía) como nuevo consejero ejecutivo y Chief Risk Officer del grupo, con dependencia directa de la Comisión de Riesgos del Consejo de Administración, y la reelección como consejeros de Josep Oliu, Javier Echenique, Aurora Catá y José Ramón Martínez, y la ratificación como consejera de María José García Beato y su nombramiento como consejera ejecutiva.
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Los accionistas han aprobado mayoritariamente la gestión y los resultados de la entidad, así como la propuesta de distribución de los 328 millones de euros de beneficios netos, obtenidos al cierre del ejercicio.
La junta ha acordado también distribuir un dividendo bruto por acción, con cargo al resultado del ejercicio de 2018, de 0,03 euros en efectivo por acción, de los que 0,02 euros fueron abonados como dividendo a cuenta el pasado 28 de diciembre y 0,01 euros serán abonados complementariamente el próximo día 5 de abril. Con ello, la retribución total del ejercicio 2018 supone un payout del 51% y una rentabilidad del 3% para el accionista
INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE
En su intervención, el presidente Josep Oliu, que esta semana ha dejado la puerta abierta a retomar las conversaciones de fusión con Bankia desveladas por Bolsamanía, ha comentado que "el ejercicio se ha caracterizado por un sólido crecimiento de los ingresos del negocio bancario y por la culminación de la normalización del balance y la finalización de la migración tecnológica de TSB, dos proyectos fundamentales para consolidar el banco del futuro.”
En cuanto al escenario general del ejercicio, Oliu ha señalado que la "economía global ha mantenido un crecimiento relativamente elevado en 2018, pero los eventos políticos han tenido un efecto negativo creciente en los mercados financieros mundiales a lo largo del año, en un contexto en el que las condiciones financieras globales se tensionaron y los mercados financieros experimentaron una creciente volatilidad.”
En relación al sector bancario español, ha dicho que se ha visto afectado "por un marco regulatorio más complejo y menos predecible y una creciente sensación de inseguridad jurídica derivada de ciertas resoluciones judiciales, como la posible retroactividad del impuesto de actos jurídicos documentados y la posible revisión del índice IRPH en los préstamos hipotecarios por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
