- Seguimos sin conocer si habría sido mejor la quiebra que la resolución
Este jueves es el primer aniversario de la resolución del Banco Popular y su venta al Santander por un euro después de su noche más oscura. Y un año después, lo más triste es que los acontecimientos se repetirían porque sigue sin haber liquidez para los bancos en apuros. Además, los afectados están empantanados en decenas de procesos judiciales y siguen sin conocer los informes de Deloitte que deben determinar si habría sido mejor dejar quebrar al banco.
Aquella fatídica noche del 6 al 7 de junio de 2017 no hubo más remedio que poner en marcha por primera vez el Mecanismo Único de Resolución (MUR) de entidades financieras, porque Emilio Saracho había declarado que el Popular no podía seguir adelante ante la fuga masiva de depósitos que sufría. El ministro Luis de Guindos quiso cumplir a rajatabla las nuevas normas y evitar a toda costa inyectar dinero público (cosa que sí hizo Italia con dos pequeñas entidades una semana después).
Aunque el Popular arrastraba graves problemas de solvencia (insuficiencia de capital y provisiones) desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que precipitó su final fue la salida de liquidez -provocada precisamente por las dudas sobre su solvencia-. Y no había ningún mecanismo para inyectarle esa liquidez de emergencia,ni antes de la resolución, ni después. En el primer caso, el Banco de España no aceptó el grueso de las garantías que presentó Saracho a cambio de la famosa ELA (es más, dijo que sospechaba que tenía más y que no las llevó).
En el segundo, la ausencia de un mecanismo de liquidez para bancos en resolución implica que, si no aparece un comprador de inmediato, al día siguiente la entidad no puede abrir o tiene que imponer un corralito. Y eso, como es lógico, le concede todo el poder negociador al comprador. Que es lo que aprovechó el Santander para imponer que asumieran pérdidas los CoCos y la deuda subordinada, y otras condiciones como no indemnizar a Allianz por romper sus acuerdos con el Popular.
NADIE QUIERE DAR LIQUIDEZ A LOS BANCOS INVIABLES
Entonces quedó claro que era imprescindible crear un mecanismo de liquidez para estos casos. Pero un año después no se ha hecho. La razón es que nadie quiere hacerse cargo de proporcionar estos recursos. La tristemente famosa Elke König, presidente de la JUR -y que aceleró la salida de clientes con sus desafortunadas declaraciones- es partidaria de que los ofrezca a el BCE. Según dijo en abril, el rescate de un banco puede restaurar su capital, pero no resuelve inmediatamente el problema de liquidez.
La otra alternativa es que provea esa liquidez el fondo único de resolución europeo, pero la máxima responsable del fondo de rescate sostuvo que "siempre va a ser demasiado poco" y mostró sus dudas de que sea la fórmula más sabia en el caso de una entidad sistémica.
Pero el BCE no está por la labor de asumir esta tarea. Su consejero Yves Mersch rechazó de plano esta propuesta, al insistir en que este organismo no puede financiar las resoluciones bancarias. El BCE, recordó, se encarga de la política monetaria de la región, no de resolver entidades o financiar el déficit.
"Deben aplicarse a los bancos las mismas reglas que a la deuda soberana, porque de lo contrario se violaría la independencia del BCE, la política monetaria y la propia economía de mercado", dijo. Y añadió que "no podemos vernos forzados a financiar una tarea gubernamental como la resolución por la misma razón por la que no podemos financiar los déficits públicos".
Por tanto, un año después de ese fatídico 7 de julio de 2017, pasaría lo mismo si hubiera que resolver otro banco: al no haber mecanismos de liquidez, se vería abocado al desastre y habría que volver a malvenderlo a toda prisa para evitar el corralito.
SEGUIMOS SIN CONOCER EL INFORME DE DELOITTE
No es lo único que sigue pendiente desde entonces. La JUR no ha ofrecido todavía las versiones íntegras de la decisión de resolución ni del famoso informe de Deloitte en que se valoraba al Popular entre 1.300 millones positivos y -8.000 millones negativos (aunque eso no fijó el precio, sino la única oferta presentada, la del Santander). Ni tampoco, más importante todavía, el informe definitivo de esta consultora que debe determinar si habría salido mejor a los accionistas dejar quebrar el banco y liquidar sus activos en un concurso de acreedores ordinario.
Mientras tanto, los 300.000 afectados solo han tenido las opciones de aceptar los bonos de fidelización del Santander (si invirtieron menos de 100.000 euros) o acudir a los tribunales. Aquí hay un montón de frentes abiertos. Está la vía penal en la Audiencia Nacional, dividida en dos piezas: la de la posible falsedad contable y estafa en la ampliación de 2016 de Ángel Ron -que se está solicitando que se amplíe a la de 2012- y la de la supuesta manipulación de la acción de Saracho. Algunos afectados también han ido por la vía del presunto enriquecimiento ilícito del Santander.
Luego está la vía contencioso-administrativa contra la resolución adoptada por la JUR y ejecutada por el FROB, que se va a sustanciar en el Tribunal de Luxemburgo porque la Audiencia se ha inhibido a su favor. En este ámbito se han presentado otras reclamaciones por responsabilidad de la administración por los fallos de supervisión del Banco de España.
En tercer lugar, tenemos la civil, en la que ya se están dictando sentencias a favor de los perjudicados en los tribunales de primera instancia por vicio en el consentimiento. Pero tendrán que llegar al Supremo para recuperar su dinero. Por último, Del Valle y Pimco han acudido también a un tribunal de Nueva York para que le exija al Santander revelar toda la documentación relacionada con la compra. Debe dictar su resolución este verano.
