"El consejo de administración de Banco Popular ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas (JGA) de la entidad, que se celebrará en Madrid el día 20 de febrero de 2017, a las 11.00 horas, en segunda convocatoria, si no pudiera celebrarse en primera convocatoria en el mismo lugar y hora del día anterior", ha informado la entidad a la CNMV.
- 0,317€
- 0,00%
El banco que preside 'en funciones' Ángel Ron pondrá sobre la mesa el nombramiento de Emilio Saracho como nuevo presidente de la entidad, así como la ratificación de Pedro Larena como consejero delegado y del consejero Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa de México y representante de la familia Del Valle. Saracho cobrará una retribución fija de 1,28 millones de euros más variable una vez asuma su cargo como presidente.
En la misiva al supervisor, Banco Popular plantea varios cambios legales, entre ellos, la reescritura de sus estatutos sociales para cambiar su política de ampliaciones de capital. Se someterán a votación "la modificación de los artículos 9º (aumento del capital social), 13º (clases de juntas), 14º (convocatoria de la Junta general) y 19º (Mesa de la Junta) y supresión de la Disposición Transitoria, relativos a la Junta general", detalla el hecho relevante.
Portavoces del banco descartaron que se vaya a votar una ampliación de capital, sino que "se trata de cambios legales" que afectan a la política de ampliaciones. No obstante, entre los bancos de inversión se da por sentado que Popular tendrá que levantar nuevo capital para sanear su balance, hacer frente al impacto de las "cláusulas suelo" y respaldar la puesta en marcha de su 'banco malo', que supondrá la apertura de 40 oficinas para vender crédito promotor e inmuebles.
¿POR QUÉ MODIFICA SU POLÍTICA DE AMPLIACIONES?
El artículo 9 que Banco Popular pretende modificar hace referencia a las obligaciones que tienen los accionistas actuales de acudir o no a una nueva operación de inyección de dinero, así como la tipo de acciones que se pueden emitir: ordinarias, sin derecho a voto, privilegiadas o rescatables. Pero hay un aspecto delicado en este punto que se refiere a la obligación de los accionistas de la sociedad de cumplir con los plazos al aportar la parte del nuevo dinero que les corresponda.
"En caso de que el accionista incumpla su obligación de efectuar el pago de la porción de capital social pendiente de desembolso, el Consejo de Administración podrá reclamarlo en la forma y casos establecidos por la legislación vigente. La demora en el pago de los desembolsos pendientes, devengará el interés legal en favor del Banco, a contar desde el término concedido, sin necesidad de entablar ninguna reclamación. Dicha demora, determinará asimismo la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados por la morosidad", advierten los actuales estatutos del Popular.
BAJAS EN LA SINDICATURA
Esta modificación señala de manera directa a dos grupos accionariales que conviven actualmente en el capital del banco. Primero, la familia mexicana Del Valle, que no tiene declarada su participación ante la CNMV, pero que está en el consejo de administración y cuenta, en teoría, con el 4% del grupo. En segundo lugar se encuentra la Sindicatura de Accionistas, primer grupo accionarial del banco con un 9%, cuyos componentes (ex directivos del banco y socios vinculados a los Valls Taberner) atraviesan dificultades financieras.
Unión Europea de Valores, el núcleo duro del sindicato, despignoró la hipoteca que pesaba sobre sus acciones tras conseguir nueva financiación. En un comunicado a la CNMV, la Sindicatura ha comunicado que sus componentes han vendido en fechas recientes más de 2,3 millones de títulos de Banco Popular, recortando su participación al 9,53%. Adicionalmente, Popular ha comunicado a la CNMV que uno de los accionistas adheridos al pacto de socios se ha dado de baja del sindicato con sus 82.000 títulos con fecha de 16 de enero, según consta en los registros del supervisor.
