El Banco de España pretende que la banca contrate más informes a las 'big four'

El BCE (Banco Central Europeo) utiliza regularmente los servicios de las 'big four' (Deloitte, PwC, KMPG y Ernst&Young) para encargos puntuales -como la famosa valoración del Banco Popular para su resolución-, pero en el caso español no será el Banco de España el que las contrate directamente. Por su parte, la EBA ha recomendado que las auditoras analicen más en detalle los riesgos de las entidades para evitar precisamente sorpresas como la del Popular.

Estas serían las bases oficiales sobre las que se está diseñando esta nueva imposición al sector de contratar nuevos estudios externos que complementen la inspección del supervisor, según fuentes de las auditoras.

Sin embargo, fuentes cercanas al propio Banco de España cuentan una versión diferente, según la cual son las propias auditoras las que están presionando para tratar de frenar el descenso de su negocio en el sector, provocado por la limitación para que la auditora realice trabajos distintos para la misma entidad y por los recortes de costes de los bancos.

Según esta versión, este movimiento está encabezado por PwC y, en menor medida, por KPMG, que son las firmas con mayor ascendente sobre el Banco de España. Delgado se habría mostrado receptiva a estas peticiones, pero se habría negado a que fuera el propio supervisor el que contrate sus servicios por la falta de presupuesto y, sobre todo, por el escándalo que supondría.

De ahí que la opción elegida haya sido, siempre según estas fuentes, que sean las propias entidades las que contraten los servicios de las 'big four' mediante la obligación de realizar una serie de informes complementarios al de auditoría, siguiendo así las recomendaciones de la EBA. La cuestión ahora sería la estandarización de esos informes para evitar que cada banco haga cosas diferentes y que el procedimiento sea demasiado "escandaloso". dicha estandarización se recogerá en una nueva norma, previsiblemente una circular.

Según las fuentes, el Banco de España ya ha iniciado los primeros contactos para sondear al sector sobre este asunto. Y no ha caído demasiado bien, debido al fuerte incremento de los costes regulatorios y burocráticos ('compliance') que ya ha tenido que asumir tras la crisis financiera con la excusa de permitir una mayor transparencia y control por parte de los supervisores.