Era lo esperable: la banca no quiere un nuevo impuesto. Los máximos responsables de las entidades españolas más grandes han vertido durante los últimos días su oposición a una nueva figura tributaria, que, dicen sería “discriminatoria”, no tendría sentido y distorsionaría la competencia.
La mecha la prendió Santander. Durante la presentación de sus resultados semestrales, su consejero delegado, José Antonio Álvarez, advirtió que un nuevo impuesto podría llevar a los bancos “a no ser tan multinacionales o a pensar su estructura legal”.
¿Quiere decir esto que el banco prevé trasladar su sede fiscal? El propio Álvarez rechazó esta posibilidad durante la presentación de resultados, aunque en todo caso explicó que si el nuevo tributo implica una doble imposición sobre algunas rentas “naturalmente puede afectar a la morfología de las entidades”. Sería el caso de Santander, que “depende críticamente de los dividendos de las filiales”.
Esta visión adelantada de Santander propició que desde el Gobierno se pidiera calma. La secretaria de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, les dirigió el mensaje de que "adelantar acontecimientos es, quizá, prematuro". El Gobierno no ha comunicado aún el diseño del impuesto, pero ya ha tenido acercamientos con la banca.
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El resto de los responsables de los principales bancos se han mostrado un poco más cautos. El siguiente en someterse ante la opinión pública fue su homólogo en Bankia, José Sevilla, que calificó al impuesto de “discriminatorio” y dijo de él que “no tiene sentido”.
Según dijo, aumentar la fiscalidad de Bankia podría afectar al precio de su valor en Bolsa, precisamente en un momento en el que se debate si la participación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en la entidad podrá ser privatizada antes del final de 2019 o deberá prorrogarse, de nuevo, el plazo.
TAN INJUSTO QUE NI SE CREARÁ
Tampoco en Bankinter gusta el impuesto. María Dolores Dancausa, la consejera delegada del banco más pequeño del Ibex, lo ve “tan injusto” que ni siquiera cree que el Gobierno llegue a incorporarlo al sistema fiscal en 2019, como es la intención del Ejecutivo.
“Los bancos seguimos gozando de animadversión”, criticó, pues “todo lo que se haga contra ellos, aunque no tenga rigor, se acepta bien”. En su opinión, este impuesto “tiene una vida muy corta”: “Pueden recaudar más el primer o segundo año, pero no más. Luego crean más desigualdad, pobreza y ahuyentan a los inversores”.
Para el primer ejecutivo de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, “no es el momento y no es una buena idea” aumentar la fiscalidad del sector financiero en concreto. En su opinión, es “loable” hacer una reflexión sobre el futuro de las cuentas públicas pero, desde luego, el esfuerzo no puede recaer únicamente sobre la banca.
En una línea similiar, el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, cree que debe mantenerse “la disciplina fiscal”, pero “la fiscalidad no debe penalizar el crecimiento ni la creación de empleo”.
Por último, Jaime Guardiola, homólogo de los anteriores en Sabadell, advirtió de que un nuevo impuesto "puede distorsionar el juego de la competencia, e incluso en términos internacionales". En todo caso, se alejó de las amenazas de encarecer el crédito que han surgido del sector al aclarar que la entidad seguirá dando crédito pase lo que pase, porque "de eso vive".
"La demanda de crédito que acompaña al crecimiento de la economía consume un capital en nuestro negocio, un capital regulatorio, y cuando ese capital se vuelve poco atractivo para los inversores corres el riesgo que haya un momento determinado que pueda estrangular, que no crezca el capital al ritmo que crece el crédito. Es una observación a tener en cuenta a la hora de tomar decisión", añadió. El debate está servido.