Un banco de pruebas regulatorio en uno de los sectores con una regulación más férrea para las empresas. El Gobierno ha dado el primer paso para la creación de un 'sandbox' energético, con el que tantear la innovación del sector energético, según figura en el Real Decreto para impulsar las energías renovables. Un texto con el que el Ejecutivo ha tapado algunos de los agujeros regulatorios que tenía el pendientes el sector.
El concepto ‘sandbox’ es habitual en otros ámbitos, como el financiero, sobre todo para el segmento ‘fintech’. De hecho, el Gobierno aprobó uno similar para éste justo antes de la pandemia de coronavirus, en febrero, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, lo comparó con un ensayo clínico en fase 4 en el sector sanitario, previo a que un producto se pueda universalizar en el mercado.
Ahora, esa idea del ‘sandbox’ salta a la energía. En concreto, Moncloa incluye en el Real Decreto de impulso de las energías verdes la “habilitación” para que el propio Gobierno “pueda establecer bancos de pruebas regulatorios”.
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“Estos bancos de pruebas o ‘sandboxes regulatorios’, permitirán que se introduzcan novedades, excepciones o salvaguardias regulatorias que contribuyan a facilitar la investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico”, recoge el texto.
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Es decir, está por ver cómo se va a materializar esa idea de poder innovar en regulación en un segmento como el energético completamente regulado y donde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene un papel esencial. Así ha sucedido en los últimos meses, por ejemplo, con las circulares que han marcado las retribuciones no sólo del sector eléctrico, también del gasista.
El Real Decreto aprobado por el Gobierno la semana pasada tiene una amplia batería de medidas, algunas vinculadas a la normativa energética, como la regulación de los accesos a la red eléctrica para evitar a los especuladores; y otras, que no tienen nada que ver, porque se ha aprovechado para introducir regulación respecto a la gestión de la epidemia de coronavirus.
En cuanto al tema energético, busca acelerar la investigación por parte de los operadores privados. Por ello, “habilita al Gobierno para que regule un procedimiento especial de autorización de instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i, de manera que se tengan en cuenta las singularidades de los proyectos piloto y de demostración que, por su naturaleza, tienen un grado de indefinición elevado y unos plazos de desarrollo y operación específicos”. En cuanto a qué tipo de proyectos incluye aquellos que abarquen “el almacenamiento, las energías marinas o la gestión de las redes, entre otros, que se constituyen en un factor estratégico para el impulso económico, tanto a corto como a medio plazo”.
