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El vicepresidente de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales; el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, y el secretario general de Acciona, Jorge Vega-PenichetA. Pérez Meca - Europa Press - Archivo
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La Audiencia Nacional ha acordado suspender de forma cautelar la sanción interpuesta el pasado mes de julio por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra Acciona, que se traducía en el pago de una multa de 29,4 millones de euros y la prohibición de contratar con la Administración pública, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

Esta sanción formaba parte de una multa global de 203,6 millones de euros interpuesta a las principales constructoras del país, Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr, por supuestamente haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

Todas las empresas recurrieron la multa ante la Audiencia Nacional y, junto a Acciona, también OHLA, Sacyr y Ferrovial, en este orden, han obtenido ya las cautelares, lo que supone suspender las multas de 21,5, 16,7 y 38,5 millones de euros, respectivamente, además de retirarles la prohibición de contratar interpuesta por el regulador.

Ahora quedan pendientes de resolución por parte de la Audiencia Nacional las sanciones más abultadas, que recayeron en Dragados (ACS), con 57,1 millones de euros, y en FCC, con otros 40,4 millones de euros.

La CNMC destapó que, desde 1992, estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos, entre ellos hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras.

Algunas de estas empresas, como ACS, Ferrovial, OHLA o Acciona, también han logrado ya otras suspensiones y anulaciones de otra sanción total de 61 millones de euros, interpuesta en agosto de 2021, por formar parte de un cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018.

En concreto, API, filial de ACS multada con 11,8 millones, Alvac (5,8 millones), Ferroser (Ferrovial, 5,7 millones), Copasa (5,6 millones), Elsamex (4 millones), Innovia (3,3 millones), Aceinsa (3,2 millones), Elsan (OHLA, 3 millones), Acciona (2,3 millones), Audeca (Elecnor, 2,6 millones) y FCC (8,5 millones) fueron sancionadas en este otro procedimiento.

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