Arbitraje comercial: la salida de las eléctricas si no hay acuerdo sobre la nuclear de Almaraz

La licencia de la central cacereña expira el año que viene y sus propietarias tienen hasta el 31 de marzo para pedir su renovación. El problema es que la instalación cumple sus 40 años de vida útil en 2023 y las eléctricas no se ponen de acuerdo en cuánto tiempo más quieren tener sus dos reactores en marcha.

Iberdrola es el socio mayoritario con un 53% frente al 36% de Endesa y el 11% de Naturgy, son socios mediante una Agrupación de Interés Económico, por lo que están obligados a entenderse por unanimidad.

Las tres compañías aseguran estar abiertas al diálogo para dar con una solución de consenso, pero actualmente están atascadas en dos bloques enfrentados. Por un lado, Iberdrola y Naturgy, que quieren prorrogar la licencia hasta que la central cumpla 40 años, es decir, hasta 2023; por otro, Endesa, que defiende por mantener las nucleares activas hasta los 50 años.

La normativa actual fija las licencias por un plazo de 10 años y, si se aprueba ese período, se extendería la operación de Almaraz más allá de los 40 años por los que Iberdrola y Naturgy pujan, ya que amortizan los activos en ese plazo. Endesa, en tanto, amortiza contablemente este activo en 50 años. Cabe la posibilidad de solicitar una licencia por menos tiempo, pero el Gobierno -previo análisis del Consejo de Seguridad Nuclear- es quien tiene la última palabra a la hora de autorizar un plazo menor.

Las eléctricas tratarán de acercar en la asamblea de propietarios de Almaraz prevista para fin de mes. Aunque las compañías no acuden a la cita con muchas esperanzas de lograr un acuerdo, sí son optimistas con alcanzarlo antes de marzo. Si no, tienen la baza del arbitraje comercial. El organismo competente tendría que definirse, pero podía ser la Corte de Arbitraje de Madrid o la Cámara Internacional de Comercio (ICC), que ya ha intervenido en otras disputas del sector.

Con el descuadre de la licencia de Almaraz respecto a su vida útil, las eléctricas se encuentran en la encrucijada de prorrogar una licencia durante una década sin tener claro si esa operación va a ser rentable y el escenario que marca el Gobierno respecto al parque nuclear.

PLAN DE ENERGÍA ANTES DE FEBRERO

Pero para conocer el destino de las nucleares todavía hay que esperar a que el Gobierno presente el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. El documento está al caer, afirmó el viernes el secretario de Estado de Energía, José Domínguez. “En una o dos semanas” se presentará esta hoja de ruta que abarca desde la composición del mix de generación hasta la fiscalidad del sector energético.

El Gobierno tendría que haber presentado este Plan a Bruselas al cierre de 2018, pero encontró algo de flexibilidad en la Comisión Europea porque no es el último país en llegar. “Aún faltan siete países, entre ellos España, por entregar sus planes”, afirmó el Comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, después de instar al Ministerio para la Transición Ecológica a presentar el Plan antes de que acabe enero.

La Comisión necesita tiempo para hacer un “análisis exhaustivo” y comprobar que cumple con la gobernanza comunitaria. Antes de junio debe responder con sus recomendaciones para que la cartera que dirige Teresa Ribera presente el plan definitivo antes de que acabe el año.

CIERRE ESCALONADO

Desde el sector nuclear reiteran que esta energía es clave en la transición energética y que es necesario mantener las centrales operativas, al menos, hasta 2030. El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, da tres razones: es una generación de base firme y predecible, por lo que aporta seguridad de suministro; no emite CO2 y, por tanto, ayuda a cumplir los compromisos de emisiones; y, al vender a precio cero en el mercado mayorista, no presiona el precio de la energía, algo importante para el recibo del consumidor.

Desde la patronal nuclear defienden que, siendo la tecnología que más aporta al sistema eléctrico -un 20,3% de la energía consumida en 2018-, y dadas sus ventajas, el Gobierno ha de tenerla en cuenta si pretende alcanzar los objetivos medioambientales marcados para 2030 y 2050. La desconexión del parque nuclear durante la próxima década forzaría a triplicar el desarrollo de las renovables para suplir su generación y no quemar más combustible fósil y echar por tierra los objetivos de emisiones, destaca Araluce.

A falta de conocer el contenido del Plan español sobre el destino del parque nuclear, las palabras de Cañete en la III Jornada Ibérica de la Energía celebrada en Madrid dejan clara la dirección que seguirá la Comisión en su revisión del documento: las renovables y la nuclear como “piedra angular” para conseguir una economía descarbonizada.

Y el Ministerio para la Transición Ecológica ya ha dado señales sobre cuáles son sus planes para las nucleares: estarán al servicio de la transición energética. Todas las instalaciones cumplen los 40 años entre 2023 y 2028 y el planteamiento es realizar un cierre escalonado que permita, por un lado, realizar el correcto desmantelamiento y, por otro, integrar la nueva potencia renovable sin que el sistema eléctrico se vea perjudicado.